El legislador del movimiento fujimorista "Sí cumple" dijo a la agencia oficial Andina que su hermano está confiado porque no ha cometido delitos de lesa humanidad como afirman algunos procuradores peruanos anticorrupción.

"El va a regresar a Perú para rehacer su carrera política", manifestó Santiago Fujimori al indicar que el ex gobernante trabajará en "limpiar todas las barbaridades y mentiras que se han dicho en su contra en los últimos años".

El ex mandatario peruano se encuentra en Chile desde noviembre de 2005, cuando arribó en forma sorpresiva desde Japón, donde eludió durante cinco años los intentos de extradición de la justicia peruana, amparado en su doble nacionalidad.

En Chile, la Corte Suprema deberá resolver en las próximas semanas si concede la extradición de Fujimori a Perú, tras conocer el informe sobre el proceso que elabora la fiscal de la Corte, Mónica Maldonado.

El ex presidente peruano se encuentra en libertad bajo fianza y con orden de arraigo desde el 18 de mayo pasado.

Santiago Fujimori calificó, además, como una fantasía que se suponga que su hermano viene sosteniendo conversaciones con altos funcionarios del gobierno del Japón, país del cual posee también la nacionalidad, para evitar una eventual extradición.

El nombre del ex mandatario fue muy mencionado este domingo en la prensa al conmemorarse los 10 años del rescate de 72 rehenes desde la residencia de la embajada japonesa, quienes durante 126 días estuvieron en manos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

Durante la operación de rescate, murieron un militar, el magistrado Carlos Giusti y los 14 miembros del MRTA que custodiaban a los rehenes, aunque dos testigos afirman que al menos dos subversivos fueron ejecutados después de haberse rendidos.

Ahora, Fujimori deberá responder por esa supuesta ejecución extrajudicial, así como por la muerte de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta y 15 civiles en la zona de Barrios Altos, hechos cometidos en la década de los años 90.

Este domingo, el Consejo Nacional de Derechos Humanos reveló que el Estado peruano ha pagado más de 16 millones de dólares en indemnizaciones por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por diversas violaciones.

Por el caso Barrios Altos, el Estado peruano abonó tres millones 397 mil 937 dólares a los deudos de las 15 personas que perecieron acribilladas por el grupo Colina, en julio de 1991, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

A ello se suma el pago por los casos La Cantuta (1 millón 800 mil dólares) y por la muerte de 41 internos en el penal Castro Castro (10 millones de dólares) , entre otros.

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