En marzo pasado, el secretario general de ese partido, Guadalupe Acosta Naranjo y otros dirigentes del PRD, sostuvieron una reunión con el General secretario en la que según versión de Acosta, Galván admitió la posible participación de elementos del Ejército y abrió la investigación al margen del fuero militar.

"Yo no estuve en la reunión con el secretario de la Defensa, no sería yo el autorizado para dar opinión de lo que dijo”, advirtió Cota Montaño, a más de un mes de haberse realizado dicha reunión y en medio de la polémica que se ha desatado entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz.

Sin embargo, propuso que el caso sea llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un tema que técnicamente debe dilucidarse. Yo me pronunciaría por una tercera instancia internacional que haga los estudios y valide la información. Tiene que buscarse una inmediación internacional que permita resolver en justicia el tema, asentó.

“Por la información que tenemos, ocurrieron los hechos en la Sierra de Zongolica, y lo mínimo que debe hacerse es investigarse con toda profundidad”, insistió. Aún así, Cota avaló el trabajo realizado por los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz.

“Yo creo que las primeras autoridades que hicieron los estudios para dictaminar son, desde mi punto de vista, confiables. Porque el tema se politizó después, ya intervienen otros intereses distintos al hecho, y habiendo dictámenes en las instancias legales me pareció muy a rebote la actitud y la posición del comisionado de Derechos Humanos”.

“Independiente de la posición del Secretario de la Defensa, es un tema que debe investigarse hasta sus últimas consecuencias. No se puede, por intereses que son muy graves, de protección a una institución (la Defensa)”, dejar sin castigo a los culpables, dijo.

Aclaró que la Defensa, en sí misma “no tiene que ver en el problema”. Es un hecho que debe castigarse si existen responsables “y en ningún sentido buscar la protección, como en los viejos tiempos, de una institución, que SÍ tiene la obligación de deslindarse de este tipo de actos”, concluyó.