El Congreso de la Unión derogó en días pasados los delitos de calumnia, difamación e injurias del Código Penal Federal para que a partir de ahora se resuelvan a través de la vía civil, y con la publicación el día de hoy de estas reformas por parte del Ejecutivo entrará en vigor esta normatividad.

Antes de esta reforma, cualquier persona que hiciera pública una información u opinión podía ser demandada por la vía penal, que preveía incluso la prisión. Ahora quienes se sientan afectados por una publicación reclamarán la reparación del daño moral ante un juez civil, el cual podrá ordenar el pago de una sanción económica y publicar una rectificación o réplica.

Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), afirmó que con esta ley de aplicación general cualquier ciudadano podrá requerir reparación del daño y exigir cuentas claras en términos monetarios.

"A partir de ahora este tema se inserta en la civilidad; si alguien quiere hacerse oír para lastimar a una persona injustamente, esta persona podrá exigir cuentas y no sólo públicas, sino en términos de dinero. Establece una relación más horizontal y mucho más honesta", detalló el investigador.

Entrevistados por este diario, los consultados mencionaron que se dio un gran paso al despenalizar la calumnia y la difamación.

Sin embargo, coincidieron, falta modificar la Constitución en torno a la delimitación de la libertad de conciencia y el derecho a la intimidad, excluyendo de esta situación a los personajes públicos.

"La penalización por delitos de calumnia, difamación al honor, etcétera, era un instrumento del control de la libertad de expresión en el país", expresó Ricardo Raphael, analista y colaborador de EL UNIVERSAL.

Juan Francisco Escobedo, investigador y politólogo, precisó: "Es un paso muy importante para facilitar el ejercicio del periodismo y permitir que la profesión del periodista se dignifique y cuente con las garantías legales para que se realice en las mejores condiciones posibles y el producto del periodismo sea producto de calidad".

Mauricio Merino dijo que con esta ley se podrá ejercer un mejor periodismo, ya que no se utilizará el arma del Código Penal para resolver problemas "que podrían ser solucionados a través de la vía del derecho civil, porque de civilidad estamos hablando, no de crímenes".

Para Raphael, despenalizar los delitos por difamación y calumnia era un asunto urgente de modificar, pues desde los tiempos de la Revolución a cualquier persona se le podía meter a la cárcel por el simple hecho de ejercer su libertad de expresión.

"Coloca en la modernidad al país; tardía es la reforma, pero llega con la democracia moderna. Es libertad de expresión, lo cual a todas luces es celebrable", manifestó Ricardo Raphael.

El siguiente paso a dar, expresaron los analistas entrevistados, es fomentar la creación de una reglamentación que precise en qué términos se coarta la libertad de expresión y en cuáles se está cometiendo una calumnia o injuria, la cual tendrá que ser reparada con el pago económico que imponga un juez, pero ya no la cárcel.