La evaluación precisa que el tema no es nuevo, pues ha estado presente entre la clase política, académica e intelectual de México desde hace por lo menos una década.

“Sin embargo, en la LX Legislatura se ha decido abordar el tema en definitiva. Todos los partidos políticos representados en la Cámara Alta coincidieron en la importancia de reformar la estructura del Estado, del sistema y del régimen político, con el ánimo de hacer funcional nuestra democracia y garantizar la efectividad del gobierno”.

El análisis coyuntural presentado con carácter informativo en la página de internet del SIL precisa que desde hace más de 10 años instituciones como el IFE, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, el Instituto Nacional de Administración Pública, la UNAM y la Presidencia de la República han promovido foros, mesas de análisis y estudios orientados a delimitar el alcance y la profundidad de las reformas que requiere el entramado institucional del país para dar viabilidad en el corto, mediano y largo plazos.

De acuerdo con esta evaluación inicial de Gobernación, el pasado 13 de febrero, el Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley para la Reforma del Estado como un reconocimiento de la necesidad de reformar la estructura del Estado, del sistema y del régimen político, hacer funcional la democracia y garantizar la efectividad del gobierno.

“El proyecto aprobado por los senadores y remitido a la Cámara de Diputados para su ratificación, no aborda todavía los contenidos –el qué- de la reforma del Estado, sino que plantea una metodología – el cómo- para arribar en un periodo determinado a una profunda reestructuración institucional”, señala.

Sin embargo, “la unanimidad y el amplio consenso que generó la aprobación de esta metodología dentro del Senado, renueva las expectativas sobre la posibilidad de que puedan construirse en un futuro próximo acuerdos sobre otros temas pendientes, no menos urgentes, como las reformas fiscal, al sector energético, en materia laboral o para atender la crisis que vive nuestro sistema de pensiones”.

También admite que es menester esperar que la Cámara de Diputados haga ajustes a la ley aprobada en el Senado, como ya se ha hecho público esta semana.

Destaca que dos actores han demandado su inclusión: el Poder Judicial y los gobernadores del país.

“Ambos emplean un argumento contundente: ninguna reforma del Estado estaría completa si no se revisa el papel del Poder Judicial y se consideran las reformas que éste necesita para estar a la altura de las nuevas exigencias del país en materia de administración de la justicia, como tampoco estaría completa dicha reforma sin una revisión a fondo de las reglas formales e informales que regulan la relación de los estados con la Federación, de un estado con otro o, dentro de ellos, las formas de relación entre los poderes locales”.

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