El diputado Edmundo Ramírez Martínez dijo que "es urgente que el gobierno del presidente Felipe Calderón reactive la red consular mexicana, se revise caso por caso y se recurra a tribunales internacionales para evitar que los connacionales que viven en Estados Unidos sigan siendo ejecutados al aplicarles una justicia parcial, racista y antimexicana".

Expuso que un estudio del Grupo de Trabajo de Migración del PRI destaca en el "paredón de la muerte de Estados Unidos hay un total de 159 mexicanos, de los cuales 55 ya están sentenciados a muerte y de no cambiar el proceso empezarán a ser ejecutados en los próximos meses".

En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que también hay 104 en proceso y con alta probabilidad de recibir la misma condena en breve.

El coordinador de ese grupo legislativo argumentó que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares dispone el derecho a la notificación y la asistencia consular.

"Este derecho permite que los funcionarios presten asistencia, incluida la asesoría legal, para ayudar a garantizar un juicio justo a los ciudadanos de sus países que puedan estar en desventaja en procesos penales en el extranjero", refirió.

Recordó que Estados Unidos invoca la Convención de Viena para garantizar la protección de los ciudadanos estadunidenses arrestados, detenidos o encarcelados en el extranjero.

No obstante, dijo, se ha mostrado reticente a ofrecer un recurso significativo a los ciudadanos extranjeros que han sufrido la violación de su derecho a la notificación consular en Estados Unidos.

Ramírez Martínez dijo que independientemente de la causa y el delito que se le impute a un connacional en ese país, por el cual sea condenado a muerte, es una realidad que en muchos casos se presumen inocentes, otros han tenido juicios inequitativos y otros más han tenido una defensa jurídica insuficiente.

Lamentó que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de 2007, se hayan negado incrementar los recursos para la defensa jurídica de los emigrantes mexicanos y en especial para los que enfrentan la pena de muerte en Estados Unidos.

Precisó que para la Asistencia Jurídica Urgente de Mexicanos Condenados a Muerte en Estados Unidos se propuso un presupuesto de 13 millones de pesos, cuando la contratación de abogados en ese país es muy onerosa.

Ante ello comentó que en un reciente encuentro con funcionarios de la cancillería mexicana urgió a fortalecer los programas de defensa jurídica, asesoría legal y asesoría legal externa, ampliando la red de defensores contratados en Estados Unidos.

Asimismo solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores recurrir a las instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a estar en contacto permanente con los condenados para revisar los casos y evitar que se cumplan las sentencias.

grg