12:03 El secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, advirtió que es improcedente jurídicamente un paro nacional de labores, convocado por agrupaciones sindicales que se oponen a la reforma de la Ley del ISSSTE.
Agrupaciones como la Unión Nacional de Trabajadores y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), amagaron con paralizar al país antes del 1 de mayo, tras la aprobación del Senado de esta legislación que permitirá dar viabilidad al instituto.
Entrevistado al término de la 62 Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, dijo que aún cuando las movilizaciones de rechazo son válidas, desde el punto de vista de libre expresión, éstas no incurren en una causal que podría propiciar un movimiento de huelga legítimo como tal.
“Puedo entender esta expresión, pero tampoco procedería un paro de labores como una figura legal; se puede incurrir como expresiones de rechazo, de inconformidad, de manera de forma escalonada, o articulada, pero con base a la Ley Federal del Trabajo no tiene que ver en nada las relaciones laborales no hay conflicto interno hacia alguna empresa, institución, agrupación o universidad que pudiera propiciar una actitud de esa naturaleza”, subrayó.
El funcionario insistió en que los reclamos no son fundados y habrá que entender a los trabajadores y a sus respectivos sindicatos las bondades de esta ley.
“No lo veo en preocupaciones legítimas de las distintas agrupaciones que participan en estas movilizaciones. Creo que son dudas infundadas pero que pueden ser aclaradas. En ese orden estoy convencido que el trabajo que hacen los legisladores, el ISSSTE, la Secretaría de Hacienda está contribuyendo a aclarar las cosas, pero si hay alguien se sirve de este tipo de proyectos con afán político es su responsabilidad”, subrayó.
Sin embargo, el secretario del Trabajo manifestó que el gobierno federal será prudente y respetuoso en todo el proceso a estas reformas que apuntan –dijo- hacia una viabilidad a largo plazo del instituto, de mantener finanzas públicas sanas y preservar los derechos de los trabajadores.
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