Entre las iniciativas que propondrá al Congreso están la de unificar los códigos penales -para evitar inconsistencias y vacíos entre las leyes locales y federales-, la posibilidad de que las autoridades judiciales expropien bienes del crimen organizado, dotar de facultades de investigación a la policía federal y de autonomía al Ministerio Público.

Reconoció que las leyes han sido rebasadas por el fenómeno delictivo y deben ser adecuadas a la realidad para que el Estado mexicano cuente con las herramientas suficientes para tener éxito en el combate a la delincuencia.

Presentó también una propuesta de reforma de ley para aplicar juicios orales en el país, que será analizada por académicos, legisladores, juzgadores, gobernadores, ediles y líderes de la sociedad civil agrupados en el Consejo de Implementación de Juicios Orales.

"Queremos una propuesta consensuada que sea susceptible de presentarse al Congreso con el mayor apoyo", explicó.

El anuncio del paquete de iniciativas produjo opiniones encontradas entre legisladores y especialistas en Derecho.

El vocero de la fracción perredista en la Cámara de Diputados, Luis Sánchez, rechazó la propuesta y la calificó como un "madruguete" a los trabajos que realiza el Congreso.

Sin embargo, el panista Édgar Olvera, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, apoyó el anuncio porque "la seguridad y la justicia son un reclamo de todos los ciudadanos".

Elisur Arteaga, experto constitucionalista, consideró que la propuesta no es viable, ya que rompe con el principio de soberanía estatal que establece la Carta Magna. Pablo Patiño Souza, director del Seminario de Derecho Penal de la UNAM, descartó que un código penal unificado signifique violar soberanía de estados.