10:24 El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José de Jesús Gudiño Pelayo, admitió la demanda de controversia constitucional que promovió el Instituto Federal Electoral (IFE) en contra de la decisión de la Cámara de Diputados de prohibirle que, como parte del recorte presupuestal que sufrió para este año, reduzca los recursos destinados a los partidos políticos.
El IFE promovió el juicio porque consideró que la Cámara de Diputados invadió su esfera de competencias al ordenarle no afectar los recursos públicos que recibirán los partidos políticos durante 2007.
Para el Instituto esta medida es contraria a lo que establece la Carta Magna, porque "la Constitución y la ley electoral establecen que el IFE es la autoridad facultada para determinar el monto de las prerrogativas destinadas a los partidos políticos".
Como primera medida, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo notificó esta mañana y emplazó a la Cámara de Diputados y al presidente de la República, Felipe Calderón, este último por avalar los términos del recorte presupuestal que se le hizo al IFE al publicar sin objeciones el presupuesto de egresos del 2007, para que respondan a la demanda que promovió el IFE.
Para admitir el juicio de controversia, registrado con el número 11/2007, Gudiño Pelayo argumentó que no existe ningún motivo manifiesto e indudable para desechar de entrada la demanda interpuesta por el Instituto.
Gudiño Pelayo explicó que si bien el IFE no se encuentra dentro del listado de autoridades que pueden promover controversias constitucionales, cómo órgano autónomo, cuyo origen se encuentra en la Constitución, en su opinión, tiene derecho a presentar este tipo de juicios.
Aunque, de entrada, el ministro aclaró que sobre este tema será necesario, posteriormente, realizar un análisis más a fondo.
Se prevé que la Cámara de Diputados y el presidente Felipe Calderón impugnen la decisión de Gudiño Pelayo, pues los legisladores y el titular del Ejecutivo consideran que la Constitución no le otorga facultades al IFE para promover juicios de controversias constitucionales.
De ser así, los recursos de reclamación serían turnados a otro ministro para su análisis y, posteriormente, al pleno de la SCJN.
grg