Bajo los auspicios de una política que llama a "mantener a las familias unidas", el gobierno federal ha comenzado a operar centros denominados "residenciales" para albergar a inmigrantes y sus familias, en donde viven en celdas y visten uniformes de reos.

En las instalaciones, los hijos y los padres son encarcelados juntos. Los inmigrantes, sin importar su edad, permanecen privados de su libertad, aunque ninguno de ellos ha sido acusado formalmente de algún delito.

En la mayor de estas instalaciones, el "Centro Residencial T.Don Hutto", en Taylor, al norte de Austin, Texas, permanecen detenidos unos 400 inmigrantes, incluyendo 170 niños, agrupados en familias originarias de cerca de 30 países.

El otro "centro residencial", más pequeño, denominado Instalación de Cuidado y Albergue Familiar Berks, se encuentra en la comunidad de Leesport, Pensilvania.

Ninguna de estos centros alberga a inmigrantes mexicanos, dado que existen diferentes procedimientos de repatriación para quienes son originarios de México.

"Llamarlos centros residenciales familiares es enmascarar lo que realmente sucede", explicó Vanita Gupta, abogada de la Unión de Libertades Civiles de América, organización no gubernamental, que supervisa la operación de prisiones en Estados Unidos.

"Puede ser que ellos (autoridades migratorias) estén limpiando las condiciones, pero al final del día aún queda pendiente la pregunta del por qué ellos utilizan este sistema Draconiano", indicó.

En el pasado, la mayoría de los inmigrantes permanecía en libertad para trabajar y asistir a la escuela conforme sus casos se procesaban en las cortes de inmigración.

Sin embargo desde el verano del 2006, el Departamento de Seguridad Nacional sustituyó la política de detener y liberar a inmigrantes a quienes se les abría proceso de deportación, lo que dio pie a la creación de estos "centros residenciales".

Ninguno de los detenidos en estas instalaciones está clasificado como criminal, al no haber cometido crimen alguno. Ninguno está considerado incluso como individuo violento.

Sin embargo, bajo las nuevas políticas, los inmigrantes en proceso de deportación son forzados a vivir instalaciones carcelarias y portar uniformes.

En las últimas semanas, la opinión pública y grupos de derechos humanos han comenzado a demandar el cierre de dichas instalaciones, conforme más personas se concientizan de su existencia.

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