El organismo consideró que la resolución es, a la vez, un firme llamado de atención para que las autoridades de seguridad en tareas de restauración del orden público cumplan sus funciones en el marco de las leyes vigentes y con respeto a sus propios reglamentos.

Anunció también que pondrá a disposición de la Comisión Especial del máximo tribunal el expediente que integró sobre el caso, formado por más de 20 mil fojas con los exámenes médicos, videos, fotografías y testimonios recabados durante las indagatorias.

Tras su investigación, la CNDH concluyó que personal de las corporaciones policíacas que actuaron en los dos municipios citados incurrieron en diversas conductas violatorias de los derechos fundamentales.

En su Recomendación 38/2006 sobre el caso, el organismo manifestó también que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal atendió en forma dilatada, parcial o contradictoria las diversas solicitudes de información que formuló a la dependencia y que algunas incluso fueron rechazadas con el argumento de que los datos requeridos eran reservados o confidenciales.

La comisión reiteró su convicción de que los agentes de la autoridad que actúan en cumplimiento de sus funciones, con apego a los principios y normas que regulan el uso de la fuerza, y bajo la supervisión y mando profesional no tienen por qué incurrir en violaciones de las garantías fundamentales.

“La CNDH considera que los actos presuntamente delictivos cometidos, individualmente o en grupo, por particulares en contra de elementos policíacos deben ser, igualmente, sancionados conforme al orden jurídico en vigor y únicamente por las autoridades competentes”, sostuvo.

Destacó que en los enfrentamientos entre pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco y elementos de los cuerpos policíacos “hubo excesos inaceptables por ambas partes”, y reiteró su rechazo a la violencia, venga de donde venga, como medio para resolver conflictos.

grg/grg