Los consejeros del IFE, Lourdes López y Marco Antonio Gómez Alcántar, así como los representantes del PT y PVEM alertaron esta tarde en la sesión del Consejo General del IFE que esta institución no tiene personalidad jurídica para presentar una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Marco Antonio Gómez Alcántar alertó que ir a la controversia podría poner en riesgo la autonomía del IFE que se dice defender.

Lourdes López mencionó que la Cámara de Diputados no invadió las facultades del IFE al prohibir cualquier ajuste a las prerrogativas de los partidos políticos.

El representante del PT ante el IFE, Abundio Peregrino García, dijo: “Este Congreso estaría violando la ley al presentar la controversia constitucional, porque no tiene personalidad jurídica para ello”.

El senador Jorge Legorreta del PVEM dijo que el IFE no tiene fundamento legal para solicitar la intervención de la SCJN: “No les corresponde litigar ante las decisiones soberanas de la Cámara de Diputados”.

En una posición distinta los consejeros Arturo Sánchez y Andrés Albo, así como los representantes del PANAL, diputado Miguel Ángel Jiménez, y del PASC, diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, se pronunciaron a favor de la controversia, aunque con matices diferentes.

Los legisladores del PANAL y PASC dieron la bienvenida a la controversia, aunque aclararon que la Cámara de Diputados no violentó la soberanía del IFE.

Arturo Sánchez explicó que ciertamente existe una duda sobre la personalidad del IFE para interponer una controversia, pero dijo que existen antecedentes suficientes para que esta autoridad recurra ante la SCJN.

Y ante la duda sobre las facultades del IFE, agregó, que era mejor arriesgarse y pedir a la SCJN que defina los alcances de la autonomía del IFE.

El consejero Andrés Albo precisó que la Cámara de Diputados hizo bien al recortar el gasto de operación del IFE, pero señaló que por cuestiones de principios y no de montos, los diputados no debieron limitar la atribución de la autoridad electoral para poder ajustar el financiamiento de los partidos.