La propuesta es apoyada por cinco de los nueve consejeros del Consejo General del IFE, en ellos el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde Ramírez.

Entre los cuatro consejeros que no firman este dictamen, se encuentra los únicos dos abogados consejeros: Marco Antonio Gómez Alcántar y Virgilio Andrade Martínez.

Se espera que durante la sesión se registre un debate entre los propios consejeros respecto a la facultad que tendría o no el IFE para interponer una controversia constitucional.

Con este posible debate, se espera también que los partidos fijen posición, así como la intervención del consejero presidente, Luis Carlos Ugalde Ramírez.

Los consejeros que se pronuncian a favor de la controversia consideran que busca proteger la autonomía del instituto para determinar el financiamiento de los partidos políticos.

Han explicado que el propósito de la controversia constitucional no es evitar un recorte presupuestal o modificar el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados, sino aclarar la posible invasión de esferas de competencia por parte de esa instancia al prohibir que el IFE determine las prerrogativas de los partidos políticos para este año.

Además, durante la sesión se prevé la aprobación de programas de austeridad y definir las áreas que se verá afectadas por el recorte presupuestal de 720 millones de pesos.

Tales medidas incluyen la reducción de 10% en el salario de los Consejeros Electorales y del Secretario Ejecutivo, así como acciones para racionalizar gastos en rubros como viajes internacionales, telefonía celular, alimentación de funcionarios de mando, viáticos y costos de arrendamiento.

Asimismo, se verán afectados proyectos estratégicos de modernización e inversión, el relativo a la Actualización del Padrón Electoral y una reducción del 4% en el capítulo de servicios personales.

sgf