12:48 Los operativos que realizan las fuerzas federales en diversos estados del país, son la respuesta ante "un problema severo de riesgo de perdida de soberanía en extensiones importantes del territorio", ante los embates del crimen organizado, reconoció Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Así lo indicó el funcionario al comparecer ante diputados y senadores de la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en un encuentro que se caracterizó por serios cuestionamientos de legisladores perredistas a los resultados de los operativos, así como a la actuación de Medina Mora al frente de la Policía Federal Preventiva (PFP) y presuntas violaciones a derechos humanos en acciones en Atenco, Lázaro Cárdenas y Oaxaca.
Incluso integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, irrumpieron en la comparecencia, para gritar al procurado ¡represor! y cuestionar que ahora sea juez y parte en expedientes abiertos por las anomalías que se registraron supuestamente por parte de policías a su cargo, antes de ocupar la titularidad de la PGR.
Después de rechazar estas descalificaciones, Medina Mora sólo respondió a los temas relacionados con los operativos que se aplican en Tijuana, Baja California, Michoacán, Guerrero, Durango, Chihuahua y Sinaloa-, que señaló que son acciones que van más allá de la detención de los grandes capos.
Aseguró que a partir de labores de inteligencia y un diagnóstico de la nueva realidad de la delincuencia organizada, los operativos conjuntos se enfocan a "desarticular las zonas de privilegio, de creación de poder de estas organizaciones".
Destacó que la apuesta es definir geográficamente sus zonas de poder, así como definir sus cadenas económicas, para encontrar y atacar sus debilidades, a través de procesos de inteligencia y operación policial.
Medina Mora señaló que como parte de este esquema integral, "el narcomenudeo ha sido declarado como una prioridad política pública nacional", por lo que también se trabaja con gobiernos locales y estatales, que no pueden eludir su responsabilidad en la solución de este fenómeno.
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