Según la iniciativa de Ley de Precios Competitivos, se crearía la Comisión Federal que fijaría "los precios con orientación competitiva tomando factores como los precios al consumidor, los costos normales de producción y la depreciación de activos a la tasa anual".

Asienta que "en México la mayoría de las grandes empresas (nacionales o de capital extranjero) han originado su riqueza con base en productos o servicios que venden a precios altos, en comparación con los internacionales de los mismos productos o servicios, sin importar sus funestas consecuencias sociales".

Además "acumulan poder de mercado y obtienen influencia suficiente en las políticas públicas, propiciando actos de corrupción para obtener derechos exclusivos para realizar ciertas actividades y vender productos o servicios, impidiendo así la entrada de nuevos oferentes".

Si bien la Comisión Federal de Competencia combate esas prácticas, ha fracasado "al enfrentarse al enramado burocrático o jurisdiccional, sin siquiera aproximarse al asunto de los precios exagerados o del daño material a los consumidores", agrega la propuesta presentada por el PRD.

"Aun cuando la Cofeco haya frenado prácticas que habrían resultado en precios exagerados, es evidente que después de 13 años de haber sido creada no ha logrado un equilibrio de mercado en los precios, que es lo importante para la eficiencia de la economía y el bienestar de los consumidores".

La Comisión Federal de Precios Competitivos propuesta determinaría cuando haya una "exageración en los precios de bienes y servicios básicos", mediante una comparación "con los precios más competitivos en los mercados de los Estados Unidos, Canadá y los países Centroamericanos".

De comprobarse la exageración de precios, la comisión notificaría a los responsables y "ordenaría a la Secretaría de la Función Publica que todas las dependencias y entidades del gobierno federal queden impedidas para contratar con las personas que incurran en exageración de precios".

También "ordenaría a las autoridades el otorgamiento de autorizaciones, licencias o concesiones a nuevos prestadores de servicios, sean nacionales o extranjeros, así como su inmediato acceso a los mercados como oferentes".

Asimismo recomendaría a estados y municipios del país "la revocación, cancelación o suspensión de las concesiones, licencias o autorizaciones que hubiese otorgado a los sujetos acusados de haber incurrido en exageración de precios, y que se abstengan de contratarlos".

El dictamen a la propuesta del PRD es elaborado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, y podría ser presentado para su discusión en el periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero próximo.

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