15:18 Senadores del PAN y del PRD rechazaron el incremento al precio de la tortilla y descartaron que esa alza pudiera desencadenar una espiral inflacionaria, pues ese aspecto de la macroeconomía está controlado por el momento.
Reconocieron que se trata de un incremento que afecta severamente a los sectores más pobres del país, por lo que consideraron la necesidad de buscar mecanismos de apoyo que ayuden a mitigar sus efectos.
El presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, José Guillermo Anaya Llamas, negó que en el país se tenga la necesidad de buscar la firma de pactos, como se estiló en el sexenio del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado.
El gobierno se vio obligado a promover acuerdos de esa naturaleza porque los indicadores macroeconómicos del país estaban fuera de control y había niveles inflacionarios anuales de hasta mil por ciento, lo que actualmente está muy lejos de que suceda, aseguró el legislador del Partido Acción Nacional (PAN).
Anaya Llamas coincidió con el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, el perredista Graco Ramírez Garrido, que el incremento a la tortilla puede ser consecuencia del alza de energéticos como la gasolina premium, el diesel y el gas.
Explicaron que en el proceso de la elaboración de la tortilla se utiliza tanto la gasolina para el transporte, como el gas para la producción, así como la energía eléctrica, lo cual repercute en el precio de ese producto que es básico en la alimentación de los mexicanos.
Por otra parte, el panista sostuvo la necesidad de que la Cámara alta elabore estudios para encontrar mecanismos que beneficien a la población más desprotegida y no descartó la posibilidad de que se vuelva al viejo sistema de precios controlados de los productos de la canasta básica.
A su vez, Graco Ramírez aseguró que debe investigarse y que las secretarías de Desarrollo Social y de Economía informen sobre la forma en que se han aplicado los recursos destinados a subsidios en favor de los productores de maíz.
Sin embargo, Anaya Llamas descartó que una política de subsidios a los productores de maíz o de tortilla pudiera ser el mejor camino para evitar que los consumidores se vean afectados, pero consideró que se trata de un problema que los legisladores deben analizar con detenimiento y responsabilidad.
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