La fracción del PRI en la Cámara de Diputados pidió al presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, reforzar el Programa Paisano y que sea permanente durante todo el año como parte de una política pública en materia migratoria.

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitó además reforzar la actual estructura, la cual es insuficiente ante el retorno en el fin de año de un millón 200 mil connacionales por carreteras y aeropuertos.

El diputado Edmundo Ramírez Martínez lamentó que funcionarios de aduanas, del Instituto Nacional de Migración, agentes de las policías Federal Preventiva, estatales y municipales vean en los paisanos como "su aguinaldo extra" y en muchos casos se dediquen a extorsionarlos.

En entrevista el coordinador del Grupo de Trabajo de Migración de la Fracción Parlamentaria del PRI dijo que "los inmigrantes que regresan cargados de regalos, efectivo y conduciendo coches último modelo son a menudo el blanco de extorsión o robo, en los cuales a veces se ve inmiscuida la policía u otros funcionarios".

El legislador por el estado de Hidalgo recordó que el Programa Paisano comenzó en 1989 con el objeto de evitar esos abusos y asegurar una cálida recepción de los connacionales que regresan.

El también secretario de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, dijo que los funcionarios federales realizan conductas que no se pueden permitir, que van desde el pago de cuotas inexistentes hasta asaltos de autoridades aduanales, así como decomiso de artículos personales y discriminación.

"México les reconoce que sus envíos constituyen la segunda fuente más importante en el ingreso de divisas, con cerca de 20 mil millones de dólares en el 2005; por ello, nuestros paisanos merecen de ustedes un trato digno y de calidad. No debemos tolerar más el maltrato y la corrupción, ni las violaciones de sus derechos humanos" , externó.

Ramírez Martínez agregó que el Congreso vigilará la aplicación correcta del Programa Paisano y en caso de corrupción de funcionarios públicos, se exigirá al titular del Ejecutivo proceda severamente no sólo con la destitución, sino con el encarcelamiento de los responsables.

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