A más de un mes de que concluya 2006, la estadística está por superar las 2 mil ejecuciones con características del crimen organizado.

El análisis presentado por el agente especial John S. Comer, encargado de la División Phoenix de la DEA, enfatizó la necesidad de desmantelar las cuadrillas de sicarios y advirtió que de no frenarse la violencia se extendería a más regiones del país, como ya sucedió en los últimos dos años en Michoacán y Guerrero.

Durante 2006, señala el informe, los crímenes han alcanzado expresiones hasta ahora inusuales: la decapitación de las víctimas y el uso de granadas de fragmentación, por ejemplo.

Los cárteles de la droga, añade, "siguen compitiendo por el control de las rutas para el contrabando de estupefacientes que conducen a Estados Unidos".

Tan sólo en las últimas 24 horas, siete sujetos fueron ejecutados en Guerrero, Nuevo León, Jalisco, Durango, Sinaloa, Chihuahua y Colima. En esta última entidad fue asesinado un agente de la Policía Federal Preventiva (PFP).

En Tabasco, el gobernador Manuel Andrade reforzó la seguridad tras el homicidio del alcalde de Huimanguillo, Walter Herrera. El caso fue atraído ya por la PGR por tener las características de un asunto del narcotráfico.

Daniel Cabeza de Vaca, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), reconoció que "en nuestros días el crimen organizado representa la mayor amenaza para la paz y la seguridad social".

Aceptó que "estamos en una cresta del problema del enfrentamiento entre los grupos delictivos", una disputa por el control de los territorios para el trasiego de droga, que encabezan sobre todo los cárteles de Sinaloa y del Golfo, detalló.

Sin embargo, aseveró que se debe trabajar con cada estado del país para combatir las operaciones de estas organizaciones, ya que cada región tiene su propia problemática y las ejecuciones son multifactoriales.

El narcomenudeo y la corrupción en los cuerpos policiacos, por ejemplo, se deben combatir de manera coordinada con las autoridades locales, ahondó.