La Comisión Federal de Competencia (CFC) dijo que la imiplantación de la modalidad de "el que llama paga nacional" debe cuidar el interés de quien realiza la llamada, para evitarse que incurra en pagos excesivos por su terminación y facturación.En un comunicado la Comisión que dirige Eduardo Pérez Motta insistió que "el que llama paga nacional" puede generar beneficios considerables a los usuarios de telefonía, particularmente al sector de la población que no cuenta con recursos suficientes para pagar la terminación de llamadas de larga distancia que reciben en sus celulares.
Pérez Motta expuso "estamos seguros que la Comisión Federal de Telecomunicaciones tomará en cuenta nuestra opinión de abril de 2005 en los esfuerzos que realiza para lograr que todas las empresas de telefonía superen sus diferencias y se sumen a este esquema".
Reiteró que la CFC apoyará cualquier solución que proteja el proceso de competencia y conduzca a tarifas más accesibles para los consumidores, en su calidad tanto de generadores como de receptores de llamadas.
En la opinión de la CFC sobre este tema emitida el 20 de abril del año pasado, el organismo regulador resolvió que las reglas del servicio local y las modificaciones a las reglas del servicio de larga distancia deben conducir al establecimiento de tarifas similares de interconexión para la terminación de llamadas en redes móviles. Así, argumentó la CFC, no existen razones para presuponer que las tarifas de interconexión para la terminación de llamadas locales en redes móviles, no se harán extensivas a las llamdas de larga distancia, una vez que se aplique "el que llama paga nacional".
Además, detalló que la determinación y aplicación de tarifas de interconexión cercanas al costo incremental de largo plazo de los operadores móviles, es indispensable para evitar efectos adversos sobre la competencia en servicios locales y de larga distancia.
El esquema "el que llama paga nacional" entró en vigor el pasado 4 de noviembre, sin embargo, algunas empresas de telefonía interpusieron recursos legales de suspensión del esquema, las cuales fueron: Avantel, Maxcom y Axtel, mientras que Alestra promovió un amparo.
Estas compañías consideran que existen fuertes distorsiones tarifarias en la telefonía celular, en materia de los cobros que se hacen para la interconexión de las redes.
