SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA

Reporte de la Vicepresidencia para México de la Comisión de Libertad de Prensa e Información

(Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz, Vicepresidente.
62 Asamblea Anual. Ciudad de México.
Octubre de 2006).

Señores directivos de la SIP;
Señoras y señores:

Las libertades ciudadanas encaran en México una compleja paradoja. Por un lado, disfrutamos de una democracia en proceso de consolidación, lo que permite en términos generales, avances en materia de sometimiento a la ley, tolerancia, rendición de cuentas y transparencia por parte del poder público.

Estas libertades, sin embargo, se hallan restringidas en diversas regiones del país donde autoridades locales se resisten a erradicar actos autoritarios contra periodistas independientes, a los que presionan políticamente, los acosan con acciones de presunto carácter legal, o incluso los agraden físicamente.

El crimen organizado en México sigue reclamando vidas y conciencias entre el gremio periodístico del país. El narcotráfico representa hoy el mayor desafío para el Estado mexicano. En regiones completas de la República mexicana, afectadas por el tráfico de estupefacientes, la vigencia del estado de derecho se ha debilitado en extremo.

Un recuento independiente arrojó hasta la segunda semana de septiembre más de 1,600 ejecuciones ligadas al crimen organizado en el país. La cifra no es sólo superior a la registrada en todo el año pasado, sino que está acompañada por hechos de violencia con niveles de brutalidad nunca vistos en México.

En zonas como la frontera norte con Estados Unidos, la violencia simplemente no permite el oxígeno necesario para la vigencia de libertades cívicas. El fracaso en el combate al crimen a ambos lados de la línea fronteriza deja como saldo una sociedad no sólo aterrorizada, sino despojada de los mínimos mecanismos de defensa democráticos, los cuales deben tener su principal nutriente en la libertad de expresión.

Bajo tales circunstancias, la tarea periodística en esas zonas es una especie en extinción. Los periodistas viven amordazados y amenazados. La bestia del narcotráfico ha corrompido a policías locales, estatales y federales; a alcaldes, jueces, maestros y sacerdotes, incluso a conductores de taxis y a empleados de hoteles. Sería ingenuo asegurar que no ha cooptado también a periodistas, a veces bajo amagos de atentar contra ellos y sus familias si no aceptan entrar a las listas de los sobornos.

Sólo en el periodo comprendido entre marzo y septiembre, motivo de este reporte, dos periodistas más fueron asesinados, y otro está reportado desaparecido. -Ramiro Téllez Contreras, reportero de radio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue baleado y muerto el 10 de marzo al salir de su domicilio.

- El 10 de agosto fue encontrado sin vida y con huellas de tortura, el cuerpo de Enrique Perea Quintanilla, quien conducía la revista “Dos Caras” en el estado norteño de Chihuahua. Las autoridades locales determinaron que el crimen fue ejecutado por narcotraficantes debido a denuncias del periodista sobre presuntas ligas del crimen organizado con funcionarios municipales. El caso fue atraído por la Procuraduría General de la República. - Rafael Ortiz Martínez, reportero del diario “Zócalo” de la población fronteriza de Monclova, en Coahuila, fue aparentemente secuestrado y desaparecido desde el pasado 8 de julio, tras publicar diversos trabajos sobre bandas ligadas a la prostitución y corrupción en penales de la zona.

Como fue ya reportado, el gobierno mexicano creó una fiscalía especial para atender delitos cometidos contra periodistas. Su titular, el licenciado David Vega Vera, presentó en mayo un reporte según el cual desde 1982, 53 informadores y columnistas mexicanos han sido asesinados por causas ligadas a su oficio.

Destacó casos de abuso de autoridad, violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, difamación, lesiones, daño en propiedad ajena, robo, coalición de servidores públicos, intimidación, tráfico de influencias, delitos contra la administración de justicia, calumnia, ejercicio indebido del servicio público y privación ilegal de la libertad, además de violación a garantías, entre los agravios cometidos contra periodistas, sobre los cuales ha recibido más de 80 denuncias desde que la Fiscalía fue creada, en marzo pasado.

Esa oficina da seguimiento a los casos de atentados contra periodistas que la Procuraduría General de la República ha atraído bajo su control. Entre ellos se encuentran el de Lydia Cacho Ribeiro, Raúl Gibb Guerrero, Dolores Guadalupe García Escamilla, Alfredo Jiménez Mota, Francisco Ortiz Franco, Francisco Arratia Saldierna, y el recién mencionado de Enrique Perea Quintanilla, así como los hechos ligados con el ataque contra el diario “El Mañana” de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Frente a tal estado de cosas, los periodistas mexicanos, con el firme apoyo de la SIP, avanzamos en acciones de coordinación orientadas a proteger a compañeros en aquellas zonas con mayor riesgo, al tiempo que buscamos combatir la impunidad. La impunidad es el principal aliciente para que estos ataques se sigan multiplicando.

En los dos últimos años han sido realizadas tres conferencias en la frontera norte sobre esta problemática, bajo la conducción de directivos de la SIP y con la participación de periodistas y personalidades de varios países. Las sedes de las mismas han sido Tijuana, Hermosillo y Nuevo Laredo, todas en el norte del país.

En abril pasado, más de 100 periódicos mexicanos y diversos diarios hispanos en Estados Unidos, nos coordinamos para publicar simultáneamente el primer reporte producido por el “Proyecto Fénix”, que busca integrar a reporteros de varias casas editoriales para profundizar en las investigaciones que periodistas asesinados llevaban a cabo cuando sufrieron el atentado que los privó de la vida y despojó a sus lectores del derecho a saber. El primer reporte estuvo basado en el caso de Alfredo Jiménez Mota, reportero de “El Imparcial” de Hermosillo, que en esos días cumplió un año desaparecido. En las siguientes semanas retomaremos esta iniciativa con mayor vigor, con el apoyo de la SIP y de diversas entidades internacionales.

En este periodo se han producido graves agresiones contra el gremio. En acatamiento al tiempo disponible, destaco tres casos relevantes:

- En la mañana del 9 de agosto en la ciudad de Oaxaca, dos hombres dispararon sobre trabajadores y voceadores del periódico “Noticias”. Dos personas resultaron heridas. Se trata de un episodio más en una escalada de agresiones iniciada desde el año pasado contra ese diario y sus directivos, que encabeza Ericel Gómez Nucamendi. En todos los casos, “Noticias” ha señalado a autoridades estatales como responsables de estos ataques.

- En el periodo comprendido en este informe fue aprobada por el Congreso federal y decretada por el Ejecutivo, la ley que protege el secreto profesional del periodista. La propia disposición establece que no busca otorgar un fuero a los comunicadores, sino preservar el derecho ciudadano de difundir y recabar información. Una ley más, que despenaliza los delitos de prensa para ubicarlos solamente en el ámbito de la legislación civil, fue aprobada el 18 de abril por la Cámara de Diputados y aguarda la respectiva votación en la de Senadores. Previamente, el 8 de febrero, la cámara baja había realizado una audiencia pública para discutir este tema, en el que destacó la participación del señor Gonzalo Marroquín, presidente de nuestra Comisión.

- La casa editorial de los periódicos “Por esto!” y “Que Quintana Roo se entere”, fue atacada en tres ocasiones en instalaciones de sus diarios en Cancún, Quintana Roo, y en Mérida , Yucatán. Las agresiones en todos los casos se llevaron a cabo con granadas de mano lanzadas contra las sedes de los diarios, en dos casos el 23 de agosto, en Cancún, y el segundo a inicios de septiembre, en Mérida. Las autoridades dijeron estar investigando vínculos del crimen organizado con las tres agresiones.

Esta Vicepresidencia elaboró un informe detallado sobre 20 casos de agresiones contra periodistas y ha hecho entrega del mismo al presidente de nuestra Comisión, el señor Gonzalo Marroquín, a quien deseamos agradecer públicamente su compromiso, presencia y solidaridad en el seguimiento de los casos ocurridos en México. Muchas gracias a todos.

ANEXO

Detalle de casos relevantes

1.- El 10 de marzo, Ramiro Téllez Contreras, reportero de radio EXA 95.7 FM de Nuevo Laredo, Tamaulipas, murió el pasado 10 de marzo, luego de ser baleado en el momento salía de su domicilio y abordaba su automóvil. Téllez Contreras, era conductor de un programa radiofónico y director del Centro de Control Comando y Computo C-4, un servicio civil de emergencia del Consejo Estatal de Seguridad Pública. En el lugar del ataque la policía encontró 11 casquillos percutidos calibre nueve y 40 milímetros. Téllez Contreras, fue titular de Protección Civil Municipal de 1998 a 2000.

2.- El 31 de marzo, mediante misiva, la Sociedad Interamericana de Prensa formalizó los primeros resultados del Proyecto Fénix, conformado por un equipo de periodistas de diversos medios de comunicación de México que cuenta con el auspicio de la SIP, mismos que fueron publicados conjuntamente el 3 de abril pasado, sobre la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, del diario “El Imparcial” de Hermosillo, Sonora, por más de cien periódicos del país, con la intención de que se esclarezca el paradero del periodista Jiménez Mota.

Al momento de su desaparición, Jiménez Mota venía publicando sobre narcotráfico y crimen organizado, causantes de la mayor cantidad de asesinatos contra periodistas en la historia reciente del país. Este tema de profunda preocupación para la SIP ha quedado plasmado en las Conclusiones de Tijuana, tras la Conferencia Internacional Narcotráfico: Periodistas bajo riesgo de agosto de 2002 en Baja California; en las conclusiones de Nuevo Laredo, emanadas del Seminario “Narcotráfico:

Investigación y Cobertura Noticiosa de enero del 2006 en Tamaulipas y en el Mapa de Riesgos para Periodistas”, libro en el que se documenta la violencia contra periodistas en México, Brasil y Colombia. En su etapa inicial, el Proyecto Fénix está conformado por ocho periodistas investigativos de periódicos mexicanos, pero la intención es sumar a más periodistas incluso de radio y televisión en el futuro cercano para dar una mayor cobertura a las denuncia contra ataques del crimen organizado.

El presidente de la Comisión Contra la Impunidad, Enrique Santos Calderón, del diario El Tiempo, de Colombia, aseveró que “estamos seguros que la publicación solidaria de este primer reportaje del Proyecto Fénix que auspiciamos desde la SIP, será el paso inicial para enfrentar de manera unida al crimen organizado y a otro enemigo del periodismo, la autocensura”. Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín, del periódico Prensa Libre, de Guatemala, destacó que “este hecho marca un éxito sobre el compromiso adoptado por unos 40 editores de la frontera norte de México cuando nos reunimos el año pasado en Hermosillo y a quienes prometimos que la SIP estaría apoyándolos en esta lucha por enfrentar periodísticamente al crimen organizado para hacer valer el derecho del publico a la información”. La tarea principal del Proyecto Fénix será investigar crímenes contra periodistas y profundizar en los reportajes que realizaban los periodistas victimados.

3.- El 17 de mayo, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado (Coddehum) en Guerrero, envió una recomendación a la procuraduría de Justicia de Guerrero sobre anomalías cometidas por el ex gobernador René Juárez Cisneros (1999-2005) así como funcionarios de su administración en relación a la desaparición y posible homicidio del periodista Leodegario Aguilera Lucas, editor de la revista regional “Mundo Político”, secuestrado el 22 de mayo de 2004, cuando investigaba el desvío de recursos del erario estatal.

4.- En escrito fechado 31 de mayo, la Sociedad Interamericana de Prensa solicitó al presidente de México, Vicente Fox, su intervención para que se acelere el proceso de investigación en torno a la muerte del periodista Francisco Ortíz Franco. Ortiz Franco, era editor del semanario “Zeta” de Tijuana, Baja California, siendo asesinado a balazos frente a sus dos hijos el 22 de junio de 2004 después de publicar la identidad de 71 miembros del Cártel de la droga de los hermanos Arellano Félix. El principal sospechoso del crimen fue ejecutado por el propio Cártel. La investigación del hecho no avanza, pese a estar ahora a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especial de Delincuencia Organizada, dependiente de la Procuraduría General de Justicia.

5.- El 21 de junio, en la ciudad de Mérida, Yucatán, desconocidos lanzaron bombas molotov a la casa de Manuel Acuña López, reportero del periódico “Por Esto”, provocando un incendio que destruyó su vehículo y causó daños materiales a la construcción, sin provocar lesiones los habitantes. El reportero responsabilizó del ataque al gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, y aseguró que días antes había recibido advertencias del gobierno estatal por publicar información denunciando actos de corrupción.

6.- Desde el sábado 8 de julio pasado, el reportero Rafael Ortiz Martínez, del periódico “Zócalo” de Monclova, Coahuila, se encuentra desaparecido. Familiares del reportero acudieron a la delegación de la Procuraduría General de Justicia para presentar una denuncia por su desaparición. Ortiz Martínez, abandonó las instalaciones del periódico luego de haber cumplido con su jornada laboral y hasta la fecha no se ha tenido contacto con él.

7.- El 9 de agosto en la ciudad de Oaxaca dos hombres armados uno con metralleta y el otro con pistola, se introdujeron por el estacionamiento a las oficinas del periódico “Noticias”, mismas que se encuentran localizadas en una zona céntrica, disparando contra el personal e hiriendo a cuatro personas luego de preguntarles por "los directivos" del rotativo. Resultando heridos los voceadores Adrián Cervantes en el cráneo e Isabel Reyes Cruz en el pecho, así como la empleada Isabel Calvo Jiménez y el distribuidor del diario Miguel Ángel Altamirano Zárate. El director editorial del periódico, Ismael Sanmartín Hernández, responsabiliza al ex secretario general de gobierno, Jorge Franco Vargas, por esta y otras acciones en contra del periódico desde el año pasado cuando sus instalaciones fueron tomadas en otro asalto violento, retenidos 31 trabajadores en sus oficinas y tomadas sus bodegas donde fue asesinada una persona.la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció medidas cautelares en octubre de 2005, para la protección de periodistas, trabajadores y del presidente del grupo editorial al que pertenece el diario, Ericel Gómez Nucamendi, ante el reclamo de que fueron atacados debido a su línea editorial. Los directivos del periódico Noticias de Oaxaca, presentaron ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas la denuncia formal por el ataque a balazos contra las instalaciones del rotativo, registrado el miércoles 9 de agosto y en el que resultaron heridas cuatro personas. En la denuncia, los directivos responsabilizaron del ataque al gobernador del estado Ulises Ruiz y al ex secretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas, este último acusado de ordenar un asalto con policías vestidos de civil el 17 de junio de 2004 contra las oficinas del diario en las que permanecieron 31 empleados aislados y desalojados de manera violenta un día después argumentando una huelga contra la empresa.

Mediante comunicado presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asalto contra el diario mexicano Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, en el que fueron heridos dos distribuidores y pidió a las autoridades investigar con prontitud la agresión. "En reiteradas oportunidades hemos solicitado a las autoridades que investiguen las denuncias de este diario; sin embargo, observamos que sigue sin resolverse el conflicto", manifestó Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esa institución.

8.- El 10 de agosto en el estado de Chihuahua, sobre una brecha fue encontrado el cuerpo sin vida del periodista Enrique Perea Quintanilla, presentaba señales de haber sido torturado y con impactos de bala en la cabeza y abdomen. Los familiares del periodista lo habían reportado desaparecido dos días antes.

Perea Quintanilla era propietario de la revista “Dos Caras”, en la que había publicado críticas al gobierno del estado por los elevados índices de violencia y ejecución de narcotraficantes, además de anunciar la revelación de informes que pondrían en evidencia la supuesta relación de altos funcionarios estatales con cárteles de la droga. De acuerdo con los primeros informes dados a conocer por la Policía Municipal, se recibió una llamada al sistema de emergencias, reportando el hallazgo de una persona del sexo masculino que se encontraba sin vida. El cadáver presentaba impactos de bala en el abdomen y en la cabeza, además de señales de recibir tortura antes de morir. La procuradora de Justicia del estado, Patricia González, manifestó que detrás de la muerte están los cárteles de la droga del Golfo y el de Juárez. La investigación en torno al homicidio del reportero policiaco Enrique Perea Quintanilla estará a cargo de la PGR, informó.

9.- El 23 de agosto pasado, en Cancún, Quintana Roo, en actos casi simultáneos, desconocidos arrojaron dos granadas de fragmentación a las instalaciones del periódico Por Esto y dos más a las del diario “Que Quintana Roo se entere”, resultando una persona lesionada. A la hora del ataque aproximadamente 20 personas se encontraban en las instalaciones de “Por Esto”. El director de Seguridad Pública de Cancún, Adrián Ramos Medina, adelanto que se evaluaba relacionar el ataque con el crimen organizado. En las oficinas del periódico “Por Esto”, desde una camioneta desconocidos arrojaron dos granadas, estallando una de ellas en la recepción del diario causando lesiones a tres empleados, entre ellos un guardia de seguridad, así como destrozos de vidrios y daños al mobiliario. El subdirector del rotativo, Miguel Menéndez Cámara, denunció que el ataque fue obra de las "redes de la delincuencia y el crimen organizado" que son "encubiertas" por autoridades estatales y federales. El ataque es el segundo en 10 días en contra de las instalaciones de Por Esto, luego de que el miércoles 23 de agosto pasado fueron lanzadas dos granadas de fragmentación contra las oficinas del diario en Cancún, Quintana Roo, causando daños materiales sin víctimas.

10.- En septiembre, el periódico “El Imparcial” de Hermosillo informó haber recibido una demanda penal por parte del gobernador de Sonora, Eduardo Bours, por publicaciones en el diario relativas a la renuencia de la administración local para revelar el destino de fondos públicos, a lo que está obligado por la ley estatal de transparencia.

11.- El caso de los abusos cometidos contra la periodista Lydia Cacho por autoridades del estado de Puebla sigue generando hechos de agravio. La procuradora de Justicia del estado, Blanca Laura Villena Martínez, consideró “una fábula” la denuncia de la escritora y periodista de haber sido incomunicada y privada de alimentos y medicinas al ser detenida en Cancún, Quintana Roo, en diciembre de 2005, y trasladada a Puebla acusada de difamación y calumnias por un empresario textil. Cacho Ribeiro es autora del libro “Los demonios del Edén” en el que trata casos de pederastia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció el robo perpetrado en sus oficinas del Distrito Federal, de una computadora con información sobre el caso de la periodista Lydia Cacho y un episodio de tortura policial. El robo del equipo de cómputo se cometió el día 10 de agosto, por cuatro hombres que se hicieron pasar por empleados de una empresa de mantenimiento.

Otros casos relevantes

12.- El 20 de abril, en el estado de Michoacán, el periodista Rafael Rivera Millán, del diario “El Universal”, denunció estar recibiendo amenazas por activistas sindicales mineros en Lázaro Cárdenas, por la cobertura que realizó del conflicto laboral del sindicato con empresas acereras y que llevó a las autoridades locales a un intento de desalojo que dejó dos obreros muertos.

13.- El 10 de mayo, el periodista Oscar Mario Beteta de Radio Fórmula denunció que recibió amenazas telefónicas de muerte para él y sus familia por parte de sicarios que operan en el estado de Tamaulipas, debido a sus comentarios en contra de uno de los candidatos presidenciales para las elecciones del 2 de julio.

14.- El 13 de mayo, en el estado de Veracruz fue detenido por personal de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el reportero gráfico del periódico Notiver, Miguel Ángel López Solana, acusado de llevar una "grapa" de cocaína, luego de que su padre, Miguel Ángel López Velasco, columnista del mismo diario, publicara información sobre supuestos actos de corrupción del agente del Ministerio Público Federal, Juan Selem Kuri. López Solana, fue sometido durante 17 horas a un interrogatorio encabezado por el propio Salem Kuri y declaró que trataron de obligarlo a involucrar a su padre en un supuesto tráfico de drogas. El 24de mayo, en el estado de Michoacán, el periodista Antonio Ramos Tafolla denunció que fue amenazado de muerte y secuestrado por narcotraficantes en el municipio de Apatzingán, luego de que informó en un programa radiofónico sobre un enfrentamiento entre narcotraficantes y policías.

15.- El 7 de junio, el periodista Alejandro González Anaya, presidente de la Asociación de Periodistas del Estado de Querétaro y corresponsal del diario Milenio, presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una queja por hostigamiento y represión por parte del gobierno del estado, luego de haber publicado una nota denunciando excesivos gastos publicitarios de la administración estatal.

16.-El 7 de junio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la periodista Roció Cantú Galindo, del noticiero matutino de Radio GAPE, denunció haber recibió amenaza de muerte en su teléfono luego de que varios empleados municipales se presentaron en su oficina para amenazarla de manera verbal. Cantú Galindo, responsabilizó a la administración municipal que encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca de lo que pudiera pasarle a ella y a su familia.

17.- El día 8 de junio, el periodista Hugo Isaac Robles Guillén denunció que varios hombres no identificados rompieron el cristal de su vehículo para intentar incendiarlo mientras se encontraba en la estación radiofónica XEWM, de San Cristóbal de las Casas.

18.- El 21 de junio, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) divulgó una conversación telefónica en la que Claudia Corichi García, hija de la gobernadora estatal de Zacatecas, Amalia García, ordenaba a un funcionario de la Secretaría de Finanzas del estado suspender el pago de convenios comerciales con el periódico “Imagen” y el semanario “El Nopal” porque "no se han portado bien" y publicar notas en contra del gobierno local. Corichi García fue electa senadora por el PRD en las elecciones federales del 2 de julio de 2006.

19.- El 23 de junio, en el estado de Oaxaca, el reportero gráfico del periódico Noticias, Román Carlos Velasco, denunció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas que fue golpeado por una decena de policías del grupo especial "Jaguares" mientras fotografiaba el desalojo de habitantes de la ciudad que pretendían realizar un "plantón" frente al palacio municipal de esa ciudad. El periodista, de 44 años quien padece diabetes, fue lanzado al suelo, golpeándose la cabeza, para luego ser atacado con patadas y golpes hasta que intervinieron a rescatarlo algunos vecinos.

20.- El 26 de junio pasado, el periodista Alejandro Benjamín Vivanco, del diario “Provincia”, del estado de Michoacán, fue agredido físicamente por el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública en Morelia, cuando realizaba un reportaje en las instalaciones de esa institución.

21.- En otro tenor, El reportero Lucio Torres Monzalvo y el camarógrafo Raúl Leyva Corona, de Televisión Azteca en Hidalgo, denunciaron que fueron detenidos por policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) cuando cubrían la captura de supuestos delincuentes. Los periodistas indicaron que al menos seis policías de la AFI los llevaron a las instalaciones de ese organismo en la ciudad de Pachuca, donde fueron golpeados y despojados de objetos personales, así como de una videocámara y una grabadora.

eca