Para los ciudadanos que le pidieron al máximo tribunal del país que investigue las violaciones al voto público que, aseguran, se cometieron en las elecciones presidenciales, ayer fue un día de claroscuros, en el que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, rechazó su petición, y el ministro José Ramón Cossío les envió una carta que les generó esperanzas de que su causa no está perdida.

A primera hora recibieron un acuerdo firmado por el presidente de la SCJN, en el que les notificó que había desechado la petición que presentaron el jueves por considerarla "notoriamente improcedente".

En tres cuartillas, Azuela, les explicó que no estaban legitimados para pedir la intervención de la Corte en el conflicto postelectoral, porque de acuerdo con la Constitución ninguna persona o autoridad le puede solicitar a la Corte que investigue violaciones al voto público, porque esta es una facultad que sólo debe ejercer el alto tribunal, de oficio, cuando así lo considere necesario.

En el acuerdo que les hizo llegar, registrado como Varios 1450/2006-PL, Azuela también les explicó que su petición fue desechada porque el Tribunal Electoral es el único facultado para "la resolución de todos aquellos asuntos que se planteen en relación a la supuesta violación de los derechos político-electorales del ciudadano, a saber: votar, ser votado y de asociación".

El jueves pasado, escritores, políticos, ex funcionarios y ciudadanos que sumaron 16 mil 806 firmas, pidieron la intervención de la Corte "para detener el intento de imposición que pudiera convertir a un proceso democrático en un detonador de la violencia y la ruptura de la eficacia de las instituciones", que afecte la paz social.

Además de Azuela, como presidente del alto tribunal, su petición también se la hicieron llegar a cada uno de los ministros de la SCJN. Y hasta ayer sólo habían recibido una respuesta oficial de parte del ministro José Ramón Cossío.

En cumplimiento del artículo octavo de la Constitución que establece que se debe dar respuesta al derecho de petición de los ciudadanos, Cossío les explicó que su petición sería revisada próximamente en una sesión pública, por lo que no podía adelantarles su opinión.

En una carta de apenas cuatro párrafos les informó que en la SCJN está pendiente de resolverse un caso similar al que ellos plantearon.

Cossío les dijo que en una solicitud similar a la que ellos hicieron, el 3 de agosto pasado, Azuela emitió un acuerdo desechando la petición de otro ciudadano, el cual impugnó la decisión del presidente de la Corte a través de un recurso de reclamación.

Dicho recurso de reclamación se le turnó a la ministra Margarita Luna Ramos para su estudio, a fin de que presente a la brevedad un proyecto de sentencia ante el pleno de la SCJN para que el caso sea revisado.

Por eso les aclaró que tomando en consideración que el pleno "está por pronunciarse en torno a la posibilidad de conocer de los hechos que ustedes solicitan someta a consideración del pleno, no me es posible adelantar la opinión jurídica que sobre el particular habré de expresar en la correspondiente sesión de esta Suprema Corte de Justicia".

"En ese momento -les aseguró- tomaré en cuenta los elementos disponibles para formar mi convicción".

Cuando el pleno revise la decisión de Azuela, también puede pronunciarse y precisar los alcances de la facultad que le otorga a la Corte el artículo 97 de la Constitución y analizarse, si es el caso, si alguno de los ministros pide que el máximo tribunal investigue o no de oficio las posibles violaciones al voto público que, se asegura, se presentaron en la elección presidencial.