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¿Se puede anular la elección?

Es posible, si alguno de los principios del sistema democrático electoral se ve conculcado de manera seria. Lo contrario sería sostener que forzosamente deber ser declarada válida aun cuando se registren circunstancias graves
Ciudad de México | Domingo 20 de agosto de 2006 LORENZO CÓRDOVA VIANELLO | El Universal

El tema de la anulación de la elección presidencial ha sido puesto sobre la mesa de discusión desde hace varios meses, pero es sólo ahora, ante la inminente resolución de los 364 juicios de inconformidad por parte del Tribunal Electoral, y el paso a la etapa de calificación de la elección, cuando nuevamente vuelve a cobrar relevancia, más aún cuando la misma ha sido expresamente solicitada por la coalición Por el Bien de Todos en su "recurso líder".

Al respecto cabe decir que se trata de un tema muy controvertido que ha confrontado a quienes se dedican al estudio de las cuestiones electorales. Por un lado, varios sostienen la imposibilidad de anular las elecciones presidenciales con el argumento de que ni la Constitución ni la ley prevén expresamente ese escenario, a diferencia de lo que ocurre con las elecciones de senadores y diputados en relación con las que están específicamente enumeradas las causas de nulidad (como por ejemplo que sean anuladas 20% o más de las casillas). Además, dicen, el artículo 99 constitucional no deja margen de maniobra al Tribunal Electoral al prescribir que, luego de resolver las impugnaciones y realizar el cómputo final de la elección presidencial, debe proceder a "formular la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo.", con lo que ese Tribunal no tiene otra opción más que validar la elección. Sin embargo, ésta es una lectura formalista y gramatical de la Constitución y la ley que desatiende el carácter sistemático y funcional con el que, de acuerdo con el mismo Cofipe, las normas electorales deben interpretarse.

La factibilidad abstracta de la anulación de las elecciones presidenciales responde a dos tipos de razones. En primer lugar, a una razón conceptual: es absurdo pensar que en un contexto democrático una elección no sea susceptible de ser anulada porque, de ser así, ello equivaldría a sostener que forzosamente debe ser declarada válida, aún cuando hubieran ocurrido circunstancias tan graves como para pensar que esa siga siendo una elección democrática.

¿Podríamos realmente pensar que, por ejemplo, una elección en la que existió una abierta, descarada y generalizada compra del voto, o una clara presión sobre los electores (incluso violenta) para sufragar en un sentido determinado, debe ser declarada válida? ¿Esa sería una elección realmente democrática? ¿De qué democracia estaríamos hablando?

Pero hay otro orden de razones, estrictamente jurídicas, que abren la posibilidad de que toda elección (incluida la presidencial) pueda ser anulada. Y es que el marco normativo electoral no se agota con la Constitución y la ley, sino que incluye la jurisprudencia del Tribunal Electoral (que tiene carácter obligatorio), y sobre el tema que nos ocupa existe una tesis (bajo el rubro "Nulidad de elección. Causa abstracta") que establece, precisamente, la susceptibilidad de anular toda elección. Esa tesis sostiene, en pocas palabras, que si alguno de los principios fundamentales del sistema democrático electoral (sufragio universal, libre secreto y directo; la organización de las elecciones por autoridades imparciales y autónomas; los principios rectores de la función electoral -certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad-; la equidad en las condiciones de la competencia, etcétera) se ve conculcado de manera grave y generalizada, entonces se afecta el principio constitucional de que las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas, con lo que se actualiza la causa abstracta de nulidad.

Dicho en otras palabras (las mismas que utiliza el Tribunal en la tesis mencionada): "... si alguno de esos principios fundamentales en una elección es vulnerado de manera importante, de tal forma que impida la posibilidad de tenerlo como satisfecho cabalmente y, como consecuencia de ello, se ponga en duda fundada la credibilidad o la legitimidad de los comicios y de quienes resulten electos en ellos, es inconcuso que dichos comicios no son aptos para surtir sus efectos legales...".

De lo anterior debe hacerse énfasis en lo siguiente: la anulación de una elección no debe ser entendida como "moneda de cambio corriente", no es algo común que se dé de manera normal (de hecho el Tribunal la gran mayoría de las veces ha desestimado su aplicación), sino una última válvula de seguridad para garantizar que una elección, frente a la gravedad de ciertas circunstancias, siga siendo democrática. Es una medida extrema para salvaguardar al sistema democrático frente a situaciones también éstas extremas.

Dentro de poco, el Tribunal Electoral, luego de resolver los juicios de inconformidad que actualmente tramita y de realizar el cómputo final de la elección presidencial, deberá encarar la difícil tarea de ponderar si los elementos que la coalición Por el Bien de Todos le ha presentado, pretendiendo demostrar que la presente elección adolece de graves violaciones a los principios constitucionales, efectivamente ocurrieron y si comprometen de manera grave y generalizada la calidad del proceso electoral.

En lo personal, y a partir de los datos que públicamente se conocen, me parece que las irregularidades que hasta ahora se han señalado, no alcanzan para determinar una nulidad de la elección; pero en todo caso, sólo el Tribunal cuenta con la totalidad de las pruebas y de los elementos de juicio para decidir y tiene, además, todas la atribuciones para allegarse de elementos adicionales que refuercen su convicción. A nosotros no nos queda más que esperar pacientemente a que el Tribunal haga su trabajo y califique si la elección es válida o no y, en su caso, declare al presidente electo.

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM



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