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El secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega Cuevas, aseguró que la nueva Ley Federal de Seguridad Privada permite el surgimiento de empresas irregulares que no cumplen con los requisitos y que reduce los niveles de control de custodios, además de que invade competencias de la policía.
Dijo que la nueva norma facilita la proliferación de empresas como aquella que cuidaba los laboratorios Medix, en donde mataron a cuatro personas y robaron una tonelada de seudoefedrina, puesto que no tenían un registro y tampoco un control de empleados.
Por lo anterior, la SSP local apoya la controversia constitucional que interpondrá la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) contra la ley en la materia, misma que fue aprobada por el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal.
El funcionario dijo que a diferencia de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal que están en vigor, la nueva norma no brinda certeza alguna para los usuarios.
Ortega defendió que la ley capitalina es mucho más estricta que la recién promulgada Norma Federal de Seguridad Privada, ya que la vigente ha logrado avanzar a meter en orden a las empresas que prestan este servicio, que muchas intentan ejercer sin supervisión, controles y vigilancia de la autoridad, incluso con riesgos para la población.
Ahora la Ley Federal, que será sometida a controversia constitucional, es aplicable a empresas que laboren en dos o más entidades; lo cual abre la posibilidad de que alguna compañía que tenga su cede en la ciudad de México o en cualquier otra entidad, instale una pequeña oficina en un estado aledaño y se acoja a la norma federal que es laxa.
Ortega Cuevas opinó que la nueva norma federal invade la competencia de la ALDF que tiene expresamente conferida la facultad de elaborar y emitir leyes en materia de seguridad privada, según lo estipula el artículo 122 constitucional, apartado E.
El jefe de la Policía Preventiva consideró necesario que la Suprema Corte de Justicia dirima el conflicto de facultades y establezca cual de las partes tiene razón.
Ortega reiteró que en el tema de empresas de seguridad privada es necesario apretar los controles y no dar cabida a dualidades o malas interpretaciones por parte de las compañías que brindan este servicio y que algunas de las cuales cuentan con quejas por la mala capacitación de sus elementos e incluso irregularidades en la portación de armas.
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