Al presentar la denuncia por delitos electorales y ejercicio indebido de funciones ante la Fiscalía para al Atención Especializada en Delitos Electorales (Fepade), aseguró que con esto se demuestra que desde enero pasado se orquestó desde la presidencia de la República una “guerra sucia” contra el candidato de la coalición Por el Bien de Todos.

La denuncia, dijo, incluye los nombres de los secretarios de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos; del Trabajo, Francisco Javier Salazar; de Agricultura, Francisco Mayorga; así como contra el secretario particular de la Presidencia, Emilio Goicochea Luna, y el gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón.

Monreal Ávila aseguró que esto sólo es el principio de la denuncia, pues adelantó que se entregarán más documentos contra servidores públicos de alto nivel, incluyendo a funcionarios del Instituto Federal Electoral (IFE).

Aunque se había anunciado que la demanda incluiría a Luis Carlos Ugalde, presidente consejero del IFE, el denunciante aseguró que se sacó su nombre la lista al momento de ratificar la denuncia hoy mismo, como un acto de buena fe al árbitro de las elecciones, y toda vez que desde ayer se tomaron medidas contra unos de los servidores públicos de ese instituto.

Exigió que se investiguen a fondo estos delitos, ya que, advirtió, no están dispuestos a quedarse “con chivos expiatorios”, ya que se ha comenzado a despedir a algunos funcionarios públicos de las dependencias implicadas y otros más, como directores y subdirectores, han solicitado licencia al cargo.

Dijo que existen elementos para presumir que estos servidores públicos están vinculados con estas campañas “de calumnias y difamación”, por lo que ellos también serán investigados.

Monreal Ávila señaló además que en las dependencias del gobierno federal se ha iniciado una “limpieza cibernética” para borrar sus discos duros y no dejar evidencia de que servidores públicos en la administración, en horarios de oficina y con recursos del erario promovieron esta campaña.

Aunque advirtió que esta depuración es tardía, ya que “los pillamos con las manos en la masa y tenemos certificaciones de notarios públicos, en los que se demuestra esta g5rave falta”.

Finalmente, dijo que de encontrase responsables a estos servidores públicos, la ley prevé de uno a nueve años de prisión como sanción, al participar en esta campaña que reiteró, fue orquestada desde la Presidencia, como ha quedado demostrado también ante la resolución del Tribunal Federal Electoral al ordenar el retiro de los spots contra López Obrador.

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