Con una abrumadora votación de 83 votos a favor y 10 en contra, los senadores dieron un voto de confianza a la decisión del presidente George W. Bush de enviar a la frontera a 6 mil miembros de la Guardia Nacional como parte de su estrategia migratoria.

La enmienda, promovida por el senador John Ensing, faculta el despliegue discrecional de la Guardia Nacional por parte de los gobernadores, pero los obliga a solicitar la autorización previa del secretario de Defensa.

Entre las funciones de los elementos de la Guardia Nacional enviados a la frontera estaría el apoyo a personal que realice entrenamiento, pero no podrán realizar actividades de detención, debido a limitaciones constitucionales.

Como la Casa Blanca ya autorizó el envío de la Guardia Nacional, la medida del Senado fue vista como simbólica.

La semana pasada el presidente Bush no sólo anuncio el envío de los militares, sino que solicitó de manera formal al Congreso un presupuesto especial de mil 900 millones de dólares para financiar el despliegue de las primeras mil tropas.

En la jornada de debate de la reforma migratoria, la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, propuso un nuevo programa de “tarjeta naranja” para todos los inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos.

Feinstein afirmó que la propuesta que analiza actualmente el Senado, la cual plantea dividir los beneficios a los indocumentados en tres categorías, según su tiempo de residencia en este país, representa una “pesadilla burocrática” y un imán para el fraude migratorio.

La iniciativa, elaborada por los senadores republicanos Chuck Hagel y Mel Martínez, propone la legalización de unos siete millones de inmigrantes con más de cinco años de estadía en el país.

Sin embargo, establece que aquellos que tienen entre dos y cinco años de residencia deben primero salir del país antes de inscribirse en un plan de trabajo temporal, y aquellos con menos de dos años deben abandonar Estados Unidos sin garantía de regreso.

Feinstein consideró poco realista esperar que saldrán del país el estimado de 4.8 millones de personas que han residido en Estados Unidos menos de cinco años, por lo cual propuso una programa que incluya a todos los que se encuentran en el país.

Bajo su propuesta, todos los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos deben registrarse ante el Departamento de Seguridad Interna (DHS), así como someterse a una revisión de sus antecedentes penales y de seguridad nacional.