La iniciativa, vetada ayer, también contemplaba que los agentes policiacos realicen labores de inmigración, con la autoridad para detener y cuestionar a una persona sobre su estatus migratorio.

Ante las fuertes presiones de activistas, políticos y algunas agencias y departamentos policiacos que se oponían a la iniciativa SB1157, la gobernadora demócrata aseguró tener “serias dudas” sobre su legalidad.

Napolitano reiteró nuevamente que el problema de la inmigración ilegal debe de ser solucionado por el Gobierno federal.

Se calcula que entre 300 mil y 500 mil inmigrantes indocumentados viven en Arizona.

Diferentes organizaciones como la Asociación de Jefes de Policía de Arizona enviaron cartas en las que pedían a la gobernadora vetar este proyecto de ley bajo el argumento de que el estado no cuenta con los recursos suficientes para poder implementarlo.

“La mayoría de las agencias del orden se opusieron a este proyecto de ley, desafortunadamente la legislatura nuevamente ha ignorado la opinión de aquellos que son más afectados por la inmigración ilegal”, dijo Napolitano.

Por su parte, activistas y defensores de los inmigrantes aseguraron que la decisión de la gobernadora en gran parte se debe a la marcha del pasado 10 de abril, en la que más de 100 mil personas salieron a las calles de Phoenix para pedir un trato justo y una reforma migratoria que beneficie a los indocumentados.

sgf