Una consulta de Gallup mostró que una mayoría de estadunidenses apoya que se convierta en delito la estancia ilegal de inmigrantes en Estados Unidos y se criminalice a quienes los ayudan, como propone la iniciativa aprobada en diciembre por la Cámara de Representantes.

Según el sondeo, ocho de cada 10 cree que la migración hacia Estados Unidos está “fuera de control” y nueve de cada 10 estimó necesario que el gobierno tome medidas para controlar la frontera y para lidiar con los millones de indocumentados en el país.

Los estadunidenses se mostraron, sin embargo, pesimistas sobre la perspectiva de un verdadero control migratorio. Seis de cada 10 opinó que, al margen de las acciones del gobierno, una amplia porción de indocumentados podrá entrar a Estados Unidos.

El sondeo, realizado del viernes al domingo pasado, coincidió con la realización de la mayor movilización nacional en defensa de los derechos de los inmigrantes, en la que los asistentes pidieron una legalización plena para 11 millones de indocumentados.

Un 62% de estadunidenses nacidos aquí coincidió en que es necesario que los indocumentados se queden en Estados Unidos y se les dé la oportunidad de hacerse ciudadanos. La proporción crece a 71% entre quienes tienen padres inmigrantes.

Entre los partidarios demócratas el apoyo para los indocumentados es de 68%, mientras que es de 55% entre los simpatizantes republicanos. Para los independientes, la proporción es de 65%.

Por regiones, el apoyo a la legalización de inmigrantes es mayor en el oeste, donde existe una amplia concentración de indocumentados, en estados como California, y es ligeramente inferior en el medio oeste, el corazón industrial del país.

El Congreso puso en suspenso el debate de la reforma migratoria por al menos dos semanas, luego que no logró alcanzar un acuerdo sobre las propuestas para legalizar a millones de indocumentados y crear un plan de trabajo temporal.

Se prevé que el tema sea retomado por el Comité Judicial del Senado a finales de abril, pero aún si una iniciativa es aprobada en la Cámara Alta, debería conciliarse con la de la Cámara de Representantes que excluyó el componente de la legalización.

sgf