En la marcha, calificada como la más grande en la historia de Phoenix, los manifestantes protestaron contra un proyecto de ley que convertiría en criminales a las personas que cruzan la frontera ilegalmente, y propone construir un muro fronterizo.

Un verdadero río humano inundó la calle 24 de Phoenix en marcha hacia la oficina del senador federal Jon Kyl (R-Arizona) y protestando en contra de la iniciativa de ley HR4437, conocida también como la ley Sensenbrenner.

El controvertido proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Representantes federal en diciembre pasado, establece fuertes penalidades en contra de compañías y negocios que contratan a migrantes indocumentados, y convierte en un delito federal cruzar la frontera de manera ilegal.

De acuerdo con los organizadores, unas 30 mil personas participaron en la protesta, pero la policía estimó que fueron sólo 10 mil.

Hombres, mujeres, niños, ancianos, trabajadores, activistas, políticos, líderes religiosos, sindicatos y docenas de organizaciones pro inmigrantes hicieron acto de presencia pidiendo un alto a los ataques en contra de la comunidad inmigrante.

Con carteles que decían "No somos el problema, somos parte de la solución", "No soy un criminal, sólo un trabajador" y "Si mi trabajo es permanente, mi residencia también lo debe ser", los participantes expresaron su enojo por el proyecto de ley que consideran "inhumano".

En Los Ángeles, donde se han organizado marchas multitudinarias para este sábado, más de 3 mil estudiantes de origen latinoamericano boicotearon las clases y atravesaron la metrópolis con banderas y pancartas de protesta.

La manifestación suscitó una riña entre estudiantes negros e hispanos en una escuela secundaria, pero en general las protestas transcurrieron en calma.

Legalizar por méritos

El alcalde de San Diego, Jerry Dandres, pidió por su parte al presidente George W. Bush legalizar "por méritos" a los indocumentados, durante un encuentro que sostuvo con el mandatario.

El proyecto de ley aprobado en diciembre en la Cámara de Representantes criminaliza a los indocumentados, acelera los procesos de deportación, aumenta la capacidad de los centros de detención para poder tenerlos arrestados hasta ser deportados y condena con cinco años de cárcel a todo aquel que les preste asistencia, tal como darles comida, techo o consejo legal.

La iniciativa que está siendo elaborada en la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado no prevé tales medidas, pero el líder de los republicanos en el Senado, Bill Frist, dijo que si este proyecto no está pronto el próximo lunes, él presentará otro, similar al aprobado en la Cámara Baja.

En Georgia, militantes de la causa de los indocumentados dijeron que miles de trabajadores se ausentaron de sus empleos el viernes para protestar contra un proyecto aprobado el jueves por la Cámara de Representantes del estado.

Ese proyecto, que debe ser considerado por el Senado, privaría a los indocumentados adultos de una cantidad de servicios del Estado e impondría una comisión adicional de 5% a las transferencias de dinero hechas por indocumentados.

Teodoro Maus, uno de los organizadores de la protesta de Georgia, estimó que unos 80 mil hispanos no se presentaron a trabajar el viernes.

Unas 200 personas se concentraron al pie del Capitolio de Georgia, algunas de ellas envueltas en banderas mexicanas y con carteles que decían: "No se asusten. Somos hispanos" y "Nosotros también tenemos un sueño".

Para el lunes está convocada una nueva marcha en Washington, en la que cientos de líderes religiosos de todo el país se presentarán ante el Congreso para denunciar la criminalización de los indocumentados como una decisión que se contradice con los mandatos de Dios.