Aunque, advirtió: "sería muy grave que proviniera de un organismo del Estado… Sabemos que estamos alambrados… pero muy grave sería que fuera una agencia de seguridad del Estado".

Al ser entrevistado en la Cámara de Diputados, en el marco de una reunión con integrantes del Grupo de Trabajo que da Seguimiento a las Agresiones a Periodistas, el ombudsman negó haber tenido comunicación con algún mandatario estatal sobre el caso Lydia Cacho, como se escucha en las supuestas conversaciones entre funcionarios, empresarios y particulares, dadas a conocer ayer y difundidas en todos los medios de comunicación.

Anunció que en el caso del espionaje telefónico, se pedirá al gobierno federal si tenía conocimiento de esas conversaciones o existe algún permiso del Poder Judicial para ello.

Mientras, en el caso del contenido de las conversaciones, dijo que éstas se integran al expediente que se abrió desde hace un año y tiene que ver con la periodista y escritora.

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