Después de hablar en el Centro de Investigación y Docencia Económicas sobre los retos del proceso electoral, Luis Carlos Ugalde, presidente del instituto, precisó que será el IFE el que marque los tiempos para trabajar en la preparación del debate, una vez que los cinco candidatos nombren a sus representantes.

En ese sentido, aclaró que el organismo a su cargo no tiene previsto ningún encuentro con ese propósito para el 14 de febrero, como han anunciado directivos del PRI y PAN.

Para Luis Carlos Ugalde es necesario que se acrediten representantes de los cinco competidores e informó que sólo faltarían dos partidos por contestar la carta les envió con ese objetivo el viernes pasado.

No dio los nombres de los partidos que faltan, pero ha sido público que el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, no tiene planes para participar en un debate. Ugalde evitó cualquier comentario sobre la posición atribuida al candidato perredista.

"El principio del cual parte del IFE es que tienen que participar todos, porque tenemos que partir de un principio de inclusión. Yo simplemente quisiera esperar a ver la respuesta de los candidatos sobre sus representantes, y una vez que el grupo esté integrado, trabajar sobre las modalidades del debate", dijo.

Respecto a las medidas que el IFE tomaría para evitar que los titulares de los poderes ejecutivos (presidente de la República, gobernadores y alcaldes) hagan proselitismo, recordó que la responsabilidad fundamental de perseguir cualquier delito, incluido el jefe de la nación, "es de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade)".

"Si cualquier funcionario desvía recursos, coacciona el voto o comete un delito, es la fiscalía ante la que se tiene que denunciar", indicó.

Entonces, como la ley no le da mayores atribuciones al IFE, dejó en claro que el organismo estaría buscando amarrar un acuerdo político entre todos los partidos y gobernantes, para que en aras de mantener la equidad, no expresen abiertamente sus preferencias.

La construcción de ese acuerdo se está trabajando con los partidos. Cuando se tenga, el siguiente paso será empatarlo con la disposición de titulares de los poderes ejecutivos.

En el proceso electoral del 2000, el IFE exhortó a que no se difundiera obra pública 30 días antes de la elección. Ahora, el propósito de Ugalde es considerar la ampliación de ese plazo.