El portavoz presidencial, Rubén Aguilar, explicó que con base en el artículo 93 constitucional, en su párrafo tercero, las conclusiones de la Comisión Investigadora de San Lázaro, que investiga el presunto tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca, fue remitida al Ejecutivo federal sólo para su conocimiento y que de acuerdo con este apartado constitucional, la Presidencia no está obligada a pronunciarse o ejercer acción en este caso.

Aguilar Valenzuela hizo notar que la atribución de la Cámara de Diputados para integrar comisiones de investigación aplica únicamente para funcionarios públicos u organizaciones o instituciones del Estado, pero no para realizar indagaciones en particulares, y que de hacerlo, como han propuesto algunos diputados de oposición, de ampliar pesquisas en toda la familia del presidente Vicente Fox, estaría violando la propia ley y la Constitución.

“De acuerdo con el mismo artículo 93 de nuestra Constitución, la Presidencia de la República no tiene responsabilidad jurídica de realizar ninguna acción o pronunciamiento a partir del documento enviado por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados”, dijo Aguilar en conferencia de prensa matutina.

Precisó que el propio oficio con el que fueron remitidas estas conclusiones establece que se trata del envío de un documento para conocimiento del Ejecutivo en los estrictos términos que establece la ley.

“La Presidencia de la República, entonces, acusa recibo del documento enviado por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela González Salas (PRD), y reitera su compromiso total con el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo Aguilar en conferencia de prensa en Los Pinos.

La Cámara de Diputados extenderá las pesquisas hacia la familia del presidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún, dijo ayer la diputada del PRI, Sofía Castro.

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