El dictamen aprobado en su sesión de hoy establece que quien utilizando sustancias tóxicas, agentes químicos, biológicos o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones realice actos contra las personas o servicios públicos que produzcan terror para perturbar la paz pública, podrá tener una sanción de seis a 40 años de prisión y hasta mil 200 días de multa.

Además, la reforma prevé imponer de seis a 40 años de prisión y hasta mil 200 días de multa a quien directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza con conocimientos de que serán utilizados en apoyo de personas u organizaciones terroristas en territorio nacional.

Asimismo, se refiere que se impondrá cárcel de cinco a 10 años y 100 a 300 días de multa a quien teniendo conocimiento de actividades de un terrorista o su identidad, no lo haga saber a las autoridades, y se aplicará pena de 10 a 20 años de prisión y de 200 a 600 días de multa a quien amenace con cometer el delito de terrorismo.

Otra sanción contemplada es de 15 a 40 años de prisión y de 400 a mil 200 días de multa a quien por incendio, inundación o cualquier otro medio realice en territorio nacional actos contra bienes o personas de un Estado extranjero.

También se contempla una sanción de 15 a 40 años de prisión y de 400 a mil 200 días de multa a quien de manera directa o indirecta financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán utilizados, para cometer actos terroristas internaciones o en apoyo de personas u organizaciones terroristas que operen en el extranjero. La pena para quien acuerde o prepare en territorio mexicano un acto terrorista será de 15 a 40 años de prisión y de 400 a mil 200 días de multa.

En el dictamen se señala que el delito de financiación del terrorismo se consuma independientemente de que los fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza se hayan empleado en la comisión del acto de terrorismo o hayan sido utilizados por la persona u organización terrorista; lo que se prohíbe es poner a disposición los fondos, independientemente de que se empleen para esos fines.

Respecto a la figura del reclutamiento de personas para cometer actos terroristas, se establece que es importante prever este tipo de conductas atendiendo a la gravedad de la misma, toda vez que genera un peligro inminente para la población en general, sea nacional o internacional, el hecho de sumar a las filas a más personas con el propósito de cometer eventos terroristas en el territorio nacional o fuera de él.

En la exposición de motivos, el dictamen refiere que los atentados terroristas en todas sus formas y manifestaciones ha movilizado a la comunidad internacional, existiendo una profunda preocupación de los Estados por fortalecer el marco de cooperación internacional para hacer frente a la amenaza terrorista.

Como resultado de este esfuerzo, ha aumentado el número de instrumentos internacionales en la materia, otros están aún en proceso de negociación, y se han abierto nuevos canales de cooperación y asistencia para asegurar que todos los Estados cuenten con las herramientas necesarias para combatir efectivamente al terrorismo.

El Senado aprobó estas reformas que tocan a diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de terrorismo internacional.

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