Esta institución emitió varias recomendaciones por esa y otras irregularidades para que se inicien procedimientos de investigación legal y en su caso, sanciones penales o administrativas. Sin embargo, la legislatura del Congreso zacatecano que terminó sus funciones en 2004 debía iniciar el procedimiento pero evitó llamar a cuentas al gobernador.

Con las retenciones, Monreal incurrió en violaciones a la Ley Federal de Coordinación Fiscal —artículos 9 y 6 — que ordena entregar “dentro de los 5 días siguientes a “aquel en que el Estado los reciba”, “sin retrasos” y “sin retenciones” los recursos a los municipios. También a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, que en su artículo 5, fracción I dice: “se debe cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio”.

“No es así”, dice Ricardo Monreal cuando se le señalan las irregularidades que encontró la ASF. “Es totalmente falso. Hubo una observación de la Auditoría Fiscal de, si no mal recuerdo, siete millones respecto de los intereses que se generaban de la cuenta del ramo 33 de los municipios. Estos intereses debieron haberse entregado a los municipios. No hablaban de desaparición, sino de que se habían invertido y se demostró que fue en obras sociales y en maquinaria municipal. Sin embargo la Auditoría no lo aceptó en dos millones de pesos y se tuvo que reintegrar el recurso a los municipios”.

“Aún cuando hubiera sido así —se le señala—, si se hubieran reinvertido los fondos, se incurrió en una violación a varias leyes (entre éstas a la ley de coordinación fiscal) por retrasos y retenciones.

—Sí.

—Y también se incurrió en una falta a la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos de Zacatecas.

—Sí... Eso origina, de acuerdo con la ley, una observación. Pero no se está hablando de corrupción. No se está hablando de que se sustrajo ese dinero para efectos propios.

Al no haber entregado los recursos del Ramo 33 y 34 a tiempo durante su sexenio en ninguno de los municipios, teniendo ya el dinero en el banco generando intereses, Monreal habría obtenido al menos, explican expertos contables, unos 480 millones de pesos. Los recursos debían ser entregados inmediatamente para atender las necesidades básicas de la población, como son programas alimenticios, de salud, escolares, y de seguridad. Las revisiones hechas a las cuentas públicas del gobierno zacatecano, durante 2001, 2002 y 2003, efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación indican que el esquema de retención no fue una casualidad o un error separado, sino una constante al menos durante ese trienio.

El gobierno de Ricardo Monreal nunca entregaba a tiempo nada a los municipios y llegaba a dilatarse y sacarle jugo a los impuestos hasta por “624 días”, es decir, casi dos años.

Eso expresa el detallado “Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2001, 2002, y 2003, Ramos Generales 33 y 39, correspondientes al estado de Zacatecas”, hecha por la Auditoría Superior de la Federación. Y tal retención es una irregularidad obvia, como se asienta en la Ley Federal de Coordinación Fiscal, donde se ordena entregar de inmediato los recursos a los municipios.

Al estado de Zacatecas ingresaban al año alrededor de 800 millones de pesos por este concepto. Repartidos en 12 entregas, mensuales. Expertos en cuentas públicas exponen que, haciendo un cálculo muy conservador, Monreal habría obtenido unos 80 millones de pesos anuales por intereses sólo por concepto de la retención ilegal del Ramo 33.

En la página 557 del informe de la ASF se muestra una tabla: el gobierno de Monreal debía entregar mensualmente al municipio de Fresnillo era de “4, millones 432 mil 300 pesos”, de enero a octubre. Pero entre enero y abril no entregó un peso. En mayo dio “un millón, 8 mil, 900 pesos”. Luego en junio “17 millones, 157 mil 900 pesos”, en julio nada, en agosto sólo “648 mil 800 pesos”, en septiembre nada.

“Esto no es cierto —rechaza lo asentado en el documento. Pero en todo caso, ahí está la Auditoría Superior y todas las cuentas públicas del Congreso. Esto no es cierto. Yo tuve un congreso siempre opositor. Eran los diputados más escrupulosos. Todas las cuentas públicas fueron aprobadas por unanimidad”.

En la tabla del ya de por sí castigado Mazapil se muestra cómo, durante seis meses en 2002, Monreal no entregó lo que por ley correspondía, un millón, 250 mil 100 pesos al mes. En todos los casos entregaba menos de lo que debía. La fuente son los estados de cuenta bancarios proporcionados por los municipios.

Monreal se justifica diciendo que las observaciones de la Auditoría fueron solventadas, el dinero se entregó, aunque tarde, a los municipios. De lo que no se sabe es el destino de los intereses generados por la retención de fondos.

GANGA DE TERRENOS INDUSTRIALES

El ciudadano Carlos D. Chávez Valdez, en una carta entregada al Congreso zacatecano, firmada el 22 de julio de 2004, solicita juicio político contra Carlos Lozano de la Torre, secretario de Desarrollo Económico de Monreal, responsabilizándolo de vender terrenos industriales a precios muy por debajo de su precio comercial.

La carta de 7 cuartillas, dirigida al Congreso de Zacatecas por Chávez Valdéz hace una documentada relatoría de venta de terrenos a manos de Carlos Lozano de la Torre, entonces Secretario de Desarrollo Económico de Monreal, y solicita se inicie un juicio político contra el hoy presidente estatal del PRI en Aguascalientes y perdió las pasadas elecciones postulado como alcalde de esa capital por ese partido.

Lozano fue secretario hasta el 15 de marzo de 2004, y como tal, director del “Fideicomiso Público Zacatecas”, que se dedicó a rematar predios estatales a precios sumamente bajos.

La primera transacción reseñada en la denuncia, el 22 de agosto de 2002 se vendió al “grupo Profezac, SA de CV”, representado por José de Jesús Aguirre Campos, un terreno de 38 mil 868 metros cuadrados en el Parque Industrial Fresnillo, equipados con una nave industrial de 5 mil 382 metros cuadrados, a un precio de 10 millones, 690 mil 880 pesos, es decir, a un promedio de 275 pesos el metro cuadrado.

Agentes inmobiliarios de Zacatecas estiman que el costo real del metro cuadrado con nave industrial sería de 3 mil pesos. “Y un metro cuadrado sin construcción o nave, pero en terreno industrial valdría unos 600 pesos. Sólo la urbanización cuesta 350 pesos”, explica uno de ellos. Así, el costo de 275 pesos está, en este caso, 2 mil 725 por debajo de su costo normal. Pero hubo predios más baratos: de hasta 44 pesos en promedio.

“El precio de terreno estaba entre 70 y 80 pesos y se utilizó para efecto de promocionarlo”, explica Monreal.

El mismo día se vendieron al mismo Aguirre Campos, como persona física ahora, cuatro lotes de terreno de uso industrial en el parque citado, con una superficie total de 39 mil 514.16 metros cuadrados, al precio de “un millón 741 mil 549.20” pesos, un promedio de 44 pesos por metro cuadrado.

El 31 de julio el Fideicomiso Público Zacatecas vendió al Grupo Inmobiliario Zacatecas SA de CV un polígono de 97 mil 665.70 metros cuadrados. El promedio es de 60 pesos por metro cuadrado.

El ex gobernador se exculpa diciendo que Pedro Lara es su adversario político. “La gente compró de buena fe porque lo que me interesaba era promover el empleo. Cuando lo recibí era un parque en breña y lo revirtió Fifonafe (Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal), que tuvimos que recuperarlo y está debidamente auditado”.

El 26 de agosto de 2002 se vendió un complemento al polígono, a un precio de 500 mil pesos y el 15 de agosto de 2002 se enajena a “Everardo Macías Medina y a Ana María Muñoz Viramontes, el lote 12 de la manzana número 2, con superficie de 5 mil metros cuadrados, en el Parque Industrial Calera, Zacatecas. El precio de la operación es de 550 mil 040 pesos, lo que hace un promedio de 110 pesos por metro cuadrado.

El 1 de abril de 2003 Juan Guillermo Zesati (o Zezati) Ibargüengoytia compró el lote 3 de la manzana 20 con superficie de 5 mil metros cuadrados, ubicado en el Parque Industrial Calera, por 400 mil pesos. A un promedio 80 pesos por metro cuadrado industrial. Ese mismo día se vendió a Fernando Ruiz Huerta y María Guadalupe Buenrostro de Ruiz, el lote 2 manzana 15 con superficie de 10 mil metros cuadrados, en el Parque Industrial de Guadalupe, por 750 mil pesos, con un promedio de 75 pesos por metro cuadrado.

De todo lo anterior se desprende, dice la denuncia ante la Cámara, que Carlos Lozano, abusó de su poder para vender terrenos propiedad del Fideicomiso citado, “en precios irrisorios, sin tomar en cuenta el valor real y comercial de dichos terrenos”. Además, Lozano se habría autorizado a sí mismo a pagarse una comisión del “3 por ciento libre de impuestos”, ordenando para tales efectos, como director del fideicomiso, la expedición del cheque número “7857882” del banco HSBC antes Bital, por “614 mil, 754 pesos, por la que entregó al fideicomiso un recibo sin requisitos fiscales.

La venta de los terrenos debería haber sido revisada y autorizada por la legislatura local para que fuera sancionada su legalidad. Esto tampoco ocurrió.

HOSPITAL INFLADO POR 13 MILLONES

La construcción de un hospital de segundo nivel en el municipio de Loreto significó también irregularidades. Aquí se infló 16 millones de pesos el costo del nosocomio, según un documento, en poder de larevista. Sellado por el contratista Icaza y Banobras el 12 de marzo de 2004, hace constar que el total de la obra costaría “28 millones 887 mil 251 pesos”.

Para llevar a cabo los trabajos se firmó un convenio entre el municipio y la administración estatal -representada por “Servicios de Salud y por la Secretaría de Finanzas”. Esta es una anomalía porque según la Ley de Finanzas Públicas del Estado de Zacatecas todo trato monetario debe celebrarse sólo con Finanzas y no con la Secretaría de Salud. Loreto se compromete a pagar la parte correspondiente al gobierno estatal, por un monto de “13, 380,000” pesos.

Las pruebas, signadas por parte del gobierno estatal por el Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez, director general de los Servicios de Salud de Zacatecas y por Loreto por el síndico municipal Manuel Hernández Montoya especifica que para la edificación: “se requiere de una inversión total de 44 millones 600 mil pesos”, cifra superior en 16 millones a 28 millones considerados inicialmente.

El municipio tuvo que pagar lo que el gabinete de Monreal exigió. Tenemos copias de los cheques de Banorte, todos con firma de revisados y autorizados. Uno de ellos, con fecha 19 de abril va por un monto de “3,153,587” pesos. Otro, el 11 de mayo de 2004, sale por 1,067, 994.00. El del 17 de junio, por 1,167, 994, dirigido como los demás a los “Servicios de Salud de Zacatecas” –otra irregularidad-, es recibido y firmado por “C.P. Víctor Manuel Cerda Ocaña”, Zacatecas Transparente. Todos van a la cuenta “500-8000” y a las subcuentas: “500-8100” y “500-8106”.

El 29 de octubre ese ayuntamiento egresa “842,422” pesos, recibidos por Arturo Trejo Rodríguez (cheque 0021 de la cuenta 00175926477 de Banorte). Lo demás estaría por pagarse aún, y además el hospital aún no acaba de erigirse. Son “abonos” de esos 13 millones.

El dinero para el hospital de Loreto ya fue entregado y sigue apareciendo en el Presupuesto de la Federación de 2005, siguen destinándose 23 millones al mismo rubro y el hospital ya fue licitado.

A esto responde Monreal:

-Construí edificios y nuevos hospitales en muchos municipios. Y éste es el único que no terminé, Loreto. Porque no me alcanzó el tiempo ni los recursos.

-¿Dónde quedaron esos 13 millones?

-No se concluyó. Luego los directores le adicionan camas y laboratorios.

-A éste no, nada.

-No sé.

-Hay fotos. -Creo que aún no se termina. No es responsabilidad nuestra.

-El municipio se vio forzado a ir pagando lo que el gabinete de Monreal exigió. Tenemos copias de cheques Banorte, todos con firma de revisado y autorizados.

-Es probable.

-Uno de ellos, con fecha 19 de abril, por tres millones. Hay pruebas de que el municipio entregó el dinero. Esto sería totalmente irregular porque no hay ninguna obligación, primero, de que los municipios den dinero al gobierno estatal que debe pagar su parte, y dos, porque no hay legalidad en establecer un convenio comercial entre los municipios y los Servicios de Salud. Todo convenio -lo dice la ley- tiene que establecerse con la Secretaría de Finanzas.

-Se hizo un convenio con el municipio que fue quien solicitó el hospital. Una parte la ponía el gobierno del Estado, otra parte la Federación y otra el municipio; se hizo un convenio tripartita. Y entonces el municipio tenía que aportar un parte, creo que el 30 por ciento. Pero así fue en todos los municipios que hicieron hospitales.

-¿Pero por qué no coinciden los costos?

-Eso sí no sabría decirlo.

-En un documento firmado y sellado se habla de 28 millones y en otro se habla de 44 millones. Las cifras no coinciden.

-No lo sé. Debe haber una explicación...

-Hay varios detalles de este caso: la no coincidencia en dos documentos oficiales entre las cifras que debería costar el monto total, y dos: que estaría totalmente fuera de lo regular que el municipio entregara dinero a los Servicios de Salud de Zacatecas.

-Tendrían que investigarlo ahí...

ENTREVISTA

Todos jinetean al dinero

Ricardo Monreal esquiva las dudas en torno a la manera en que su administración manejó el presupuesto estatal. Aunque la Auditoría Superior de la Federación señala que retuvo recursos que debía entregar a los municipios, dice que él ordenó entregarlos. No se cumplió con su orden pero él no asume responsabilidad, como tampoco lo hace con sus amigos que resultaron beneficiados con contratos de obra pública. Monreal en el tira-tira.

—Según expertos en cuenta pública, usted retuvo ilegalmente recursos que le daba el gobierno federal para los municipios.

—Esto no es así. No es un documento de la Federación...

—Sí lo es y aquí está.

—A ver, préstamelo.

—¿Por qué las retenciones?

—En todo el país, si tú investigas estado de México, Jalisco, todo, hay retenciones... Nosotros nos cuidábamos y nunca nos excedíamos de un mes...

—El documento de la ASF sostiene que se excedían hasta por 624 días.

—¡Pero no es corrupción! –vocifera-. ¡Se los entregaba, se los entregaba!

—La Auditoría dice retención, que es una irregularidad.

—Pero no es así. Siempre fuimos puntuales. Y no hay ningún desvío ni nada.

—No se habla desvío sino de retención.

—Puede ser.

—¿Y por qué había una hasta de 624 días en recursos contra la pobreza, para la educación?

—Yo tenía indicaciones de que no se tardaran mucho los recursos. Si ahorita ves a cualquier estado, tendrá esas dificultades...

—¿Esa es disculpa?

—Yo exigía que siempre se entregara. ¿A ver dónde están esos 624 días de retención?

—Están aquí: en la página 532: “conforme a lo establecido en el calendario de ministraciones publicado el 31 de enero de 2001, en el periódico oficial del gobierno del estado de Zacatecas, existiendo atraso en los enteros mensuales de los recursos que en días acumulados suman 624”.

—Lo que me interesa saber es de esos 480 millones que dices...

—Por intereses. Es un cálculo...

—¿Dónde está eso? Como amigos.

—Es un cálculo. Y conservador.

—Porque si es de mala leche pues no está bien...

—Lo que dice aquí es que hay una retención por 624 días del ramo 33 y 34 destinados a programas sociales. Hasta ahí vamos bien.

—Sí. Es que no está comprobado.

—Aquí se demuestran retenciones reiteradas.

—A mí los de la Auditoría me hacen esos señalamientos. Pero ya están cumplidas.

—Se ha dicho que el rancho Las Audas es suyo...

—Falso. No sé ni quién sea.

—Está situado cerca de Trujillo, con más de mil hectáreas, y a nombre de Cándido Monreal Ávila, su hermano.

—Eso no sé.

—Consta en el Registro Público de la Propiedad en Fresnillo.

—Pero no es mío.

—Y si costó esos ocho millones, habría que ver si Cándido tiene ese nivel de ingresos.

—Que vayan al Registro y hablen con él. Yo tengo 14 hermanos y no puedo ser responsable de lo que hagan ellos. No puedo ser responsable de 14 hermanos, de lo que compren y venden...

—Pero aquí hay varios millones de por medio.

—Que investiguen a Cándido ¿Por qué a mí?

—A Humberto Godoy, José de Jesús Aguirre Campos y César Deras se les señala como los empresarios que más licitaciones ganaron durante el sexenio de Monreal.

—Absolutamente. Las ganaron porque tienen derecho a ganarlas.

—Se enriquecieron mucho en su sexenio ¿no?

—Licitaron y ganaron. Ganaron junto a otros cinco o seis. Eran los precios más bajos.

—Pero si ha dicho públicamente que son sus amigos y compadres ¿no se presta a malas interpretaciones?

—Es falso.

NOTA: Texto publicado el día lunes 28 de noviembre de 2005 en larevista, número 92.