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¿Primero el bono, luego el país?

10/11/2017
02:10
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Recibir una liquidación al final de una etapa laboral es lo más común e incluso está previsto en las leyes. El “pero” surge cuando los recursos salen de los bolsillos de los mexicanos para “trabajadores” que reciben un elevado salario, bonos adicionales y su desempeño no es aprobado por la mayoría de la población.

EL UNIVERSAL publica hoy que el Congreso alista una partida por 667 millones de pesos para entregar a los 628 legisladores al final de sus tareas en agosto de 2018.

¿Merecido finiquito? Probablemente muchos en lo individual lo merecen, aunque en conjunto el trabajo legislativo tiene hasta ahora varios pendientes bastante visibles y sin esperanza de que vayan a ser subsanados. La falta de fiscal anticorrupción y de titular de la Fepade son los más recientes, pero están también las iniciativas sobre Ley de Mando Único y la Ley de Seguridad Interior. Así como la elección de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o la eliminación del polémico pase automático de procurador a fiscal general.

Con el proceso electoral encima, los trabajos en ambas Cámaras han adquirido un ritmo más lento y lejos de los acuerdos. Ayer, por ejemplo, la falta de quórum impidió que en el Senado se aprobara la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Fepade. En este mismo tema, hace unas semanas tampoco se alcanzaron consensos para avalar o revocar la destitución del citado funcionario. La definición sobre si la votación sería secreta o abierta entrampó el trabajo en la Cámara Alta; al final, el desistimiento del fiscal destituido por exigir su reinstalación destrabó el quehacer en el Senado.

Los gastos onerosos del Poder Legislativo no se limitan sólo a la partida para su finiquito. Es constante y generalmente en medio de la opacidad. Hace un año EL UNIVERSAL reveló la existencia de un bono que hasta entonces se mantenía en secreto que se entregaba a los diputados a fin de año, adicional a aguinaldos y otras gratificaciones. Para ese fin se destinaron entonces 76 millones de pesos. Morena, Movimiento Ciudadano y otros legisladores lo rechazaron.

Una muestra más se da en las reuniones plenarias que cada bancada realiza antes de iniciar un nuevo periodo ordinario de sesiones. El Senado, por ejemplo, ha destinado casi 5 millones de pesos en los últimos tres años para esos encuentros en los que se define la agenda legislativa, la cual, en su mayoría no ha sido aprobada.

Sería oportuno que el Congreso y sus integrantes hicieran un balance honesto de lo logrado y lo pendiente, quizá en ese momento entenderían que quedan en deuda con los requerimientos del país.

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