Necesario terminar con prejuicios hacia personas con problemas mentales: CNDH

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, demandó al Estado mexicano que redefina sus políticas públicas para terminar con la estigmatización hacia personas con problemas mentales
Seminario “El Derecho y la Salud Mental”. Foto: Especial
19/05/2018
11:59
Pedro Villa y Caña
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La estigmatización, prejuicios y la falta de información hacia las personas con padecimientos mentales no han generado una conciencia pública, ni desarrollado una cultura de conocimiento, prevención y tratamiento en esta materia, por lo que es necesario que el Estado mexicano redefina sus políticas públicas y se termine con la estigmatización que padece este sector de la población, afirmó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al participar en la inauguración del Seminario “El Derecho y la Salud Mental”, organizado por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad Nacional Autónoma de México, el ombudsman nacional afirmó que factores como el estrés, violencia, disfuncionalidad familiar, cambios súbitos de humor, alteraciones en el sueño, pérdida de memoria, miedos o comportamientos compulsivos se perciben como normales, lo que dificulta la prevención, el reconocimiento temprano y el otorgamiento de atención especializada y oportuna.

En este sentido, el presidente de la CNDH demandó al Estado mexicano atender las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en especial que los servicios de salud mental se proporcionen, en la medida de lo posible, con base en el consentimiento libre e informado de la persona concernida, garantizar que los tratamientos farmacológicos sean considerados parte del sistema de apoyos, que estén disponibles a bajo costo o sean gratuitos, y puedan tener mayor acceso a la justicia personas de comunidades indígenas, mujeres y niñas víctimas de violencia y abuso, así como quienes viven con alguna discapacidad.

González Pérez recordó que cerca de 29% de la población mexicana entre 18 y 65 años ha padecido algún problema de salud mental, que el presupuesto asignado a esta cuestión se acerca al 2% del gasto total en salud y hay un especialista por cada 29 mil habitantes, por lo cual hizo un llamado a generar un cambio para otorgar atención prioritaria a los pacientes, revisar y adecuar las políticas públicas y presupuestarias, así como los marcos normativos correspondientes.

Al tomar la palabra, María Elena Medina-Mora Icaza, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, destacó que las sesiones que se desarrollarán del 16 de mayo al 7 de noviembre, se abordarán, entre otros temas, las necesidades que enfrenta ese sector de la población, la puesta en marcha de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la integración de un nuevo expediente clínico psiquiátrico y el marco jurídico de la salud mental en materias civil, familiar y penal.

Confió en que las reflexiones y conclusiones de dicho encuentro, en el que participan especialistas, organizaciones de la sociedad civil y servidores públicos, permitirán avanzar en los esfuerzos para garantizar los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y los de sus familias.  

Mariana Mureddu Gilabert, doctora en Derecho, señaló que la legislación mexicana no ha evolucionado conforme al incremento de ese tipo de discapacidades, por lo cual propuso que, a la luz de lo estipulado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y mediante el análisis de casos particulares, se elabore un diagnóstico para identificar los retos que enfrenta la implementación de dicho instrumento internacional en nuestro país.

Manifestó que la información de los usuarios de servicios es de suma importancia para su tratamiento, destacó la necesidad de revisar el protocolo para la integración de los expedientes clínicos psiquiátricos, especialmente en lo relativo a la información que deben contener y los parámetros empleados para mantenerlos en estricta confidencialidad.

irr

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