La decisión de revisar el caso Acteal revela una especial sensibilidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar la relevancia de un asunto con más de 10 años en tribunales y en el que ha habido innumerables arbitrariedades, reconoció la defensa.

Esta decisión tiene que ver con el destino de 84 personas recluidas, y representa una oportunidad para que el máximo tribunal establezca criterios de debido proceso, motivo por el que se llevó el caso a la Corte, confió el representante común de la defensa, Javier Angulo Nobara.

Director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que asumió la defensa de los procesados, Angulo recordó que en los juicios a los acusados por la matanza de 45 tzotziles muestran irregularidades que viciaron procesos.

Entre las anomalías citó la detención de los presuntos responsables sin órdenes de aprehensión, la elaboración de listas de culpables, la identificación de los inculpados mediante la exhibición previa de álbumes fotográficos a testigos y el rechazo de pruebas de descargo por parte de los jueces que han llevado el caso.

El CIDE tomó el caso como un ejemplo paradigmático de denegación de justicia y del derecho de debido proceso, explicó el jurista, quien confió en que, al emitir su resolución, la Corte fijará los estándares de lo que debe ocurrir en un juicio, y no se repita la actuación de los jueces del caso Acteal en ningún otro proceso.