El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, le pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalide el impuesto especial sobre las gasolinas que entró en vigor a partir de este año, porque, desde su punto de vista, es violatorio de la Constitución.

Al emitir su opinión, en su carácter de abogado garante de la Carta Magna, en torno al juicio que promovieron diputados federales de PRD, Convergencia, PT, PVEM, Nueva Alianza, Alternativa y algunos del PRI, en contra de diversos puntos de la reciente reforma hacendaria, el procurador coincidió con los legisladores en que el impuesto local y gradual a las gasolinas es inconstitucional.

Dicha postura generó optimismo entre el grupo de legisladores que demandaron la invalidez del impuesto y que se reunieron ayer por la mañana con el ministro de la Corte Fernando Franco González Salas, quien tiene a su cargo el juicio en cuestión.

“Vamos muy bien; esto demuestra que hay aspectos que ya casi los tenemos ganados”, dijo el diputado perredista Juan Guerra, al salir de la sede de la Corte, acompañado por el líder de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, y de la encargada de la estrategia jurídica, la diputada Aleida Alavez.

Los perredistas forman parte de los 170 legisladores que desde el 17 de enero pasado le pidieron a la SCJN que se declaren inconstitucionales diversos puntos de la reforma hacendaria aprobada el año pasado, entre los que destacan el impuesto a las gasolinas y el cambio de fórmula para repartir las participaciones federales a los gobiernos estatales y al Distrito Federal.

El Congreso estableció un impuesto local de 36 centavos a la gasolina, que se comenzó a cobrar de manera gradual, registrando un incremento de 2 centavos cada mes, durante un año y medio.

El bloque mayoritario, integrado por diputados de PAN y PRI, implementó esta medida pa}ra recaudar más de 22 mil millones de pesos que se destinarían en 80% a los estados y en 20% a los municipios, lo que, a juicio del bloque opositor, resultaba inconstitucional.

Después de reunirse con el ministro encargado del juicio para conocer los avances en torno del mismo, el diputado Juan Guerra dijo que el procurador general de la República coincidió con los legisladores que impugnaron el impuesto en que es inconstitucional, en virtud de que los estados de la República no están facultados para cobrar y beneficiarse de un impuesto a las gasolinas.

El diputado Guerra reconoció, en contraste, que el procurador no coincidió con ellos en que resultaba inconstitucional la nueva fórmula que se estableció para repartir los recursos federales a las entidades, con base en el número de población que tuvieran, porque se afectaba, de manera particular, al Distrito Federal.

Sin embargo, confió en poder comprobar ante la Corte que el Congreso eligió una fórmula de reparto del dinero federal que perjudica a la capital del país y se premia a cuatro entidades, entre ellas al estado de México.

A manera de ejemplo, dijo, tan sólo por lo que se refiere al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, hasta febrero del presente año, el Distrito Federal recibió 34 millones de pesos menos que los que hubiera recibido con el anterior esquema.