Con seis votos en contra del proyecto presentado por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia -que proponía que la SCJN no indagara el caso- y dos votos en favor de la propuesta, el presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, determinó posponer la sesión definitiva en la que se decidirá si se atrae el caso y en qué términos.

Sin embargo, en la sesión de este lunes los ministros Juan Silva, José de Jesús Gudiño Pelayo, Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls y José Ramón Cossío perfilaron una votación en la que la Suprema Corte previsiblemente atraerá el caso bajo ciertos parámetros y condiciones de que sus funciones serían solamente de investigación y al final emitirían una recomendación sin tener facultades coercitivas contra la o las autoridades o personas involucradas en el caso.

Solamente la ministra Margarita Luna Ramos se mostró en favor del proyecto de Ortiz Mayagoitia, al argumentar que los alegatos de las Cámaras solicitantes no son suficientes para atraer el caso, además de que éste ya es investigado por al menos dos instancias: la Procuraduría General de la República y la CNDH.

Este es el argumento central del ministro Ortiz Mayagoitia, quien enfatizó que el proyecto de ninguna manera plantea que se deje de hacer justicia o que no se investigue el caso.

Lo que sostenemos es que ya hay investigaciones por parte de autoridades correspondientes, que éstas se desarrollan en los cauces legales y que, en todo caso, no es el momento todavía para que la Corte intervenga.

La periodista Lydia Cacho presentó hace tres semanas una denuncia de hechos ante la PGR por las violaciones cometidas por diversas autoridades durante su detención y encarcelamiento tras las denuncias por difamación interpuestas en Puebla por el empresario Kamel Nacif.

Las denuncias fueron interpuestas contra el gobernador de Puebla, Mario Marín, y varios funcionarios judiciales de esa entidad.

Clamor popular

En contraparte, los ministros que se mostraron en contra del proyecto señalaron que sí había argumentos y elementos suficientes para que la Corte atrajera el caso, ya que no sólo se estaba ante un caso que ha levantado "clamor popular", sino que ha cuestionado de manera especial la honestidad y capacidad de una parte del Poder Judicial.

El ministro Sergio Valls Fernández utilizó los argumentos más contundentes al señalar que las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho han producido "el clamor y la indignación de la sociedad, lo que ha generado alarma y está poniendo en duda el estado de derecho en México".

Indicó que ningún argumento es válido para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no intervenga en el asunto.

Por su parte el también ministro Juan Silva enfatizó que nada impide que la Corte tome cartas en el asunto, aunque conocemos las limitaciones que tendríamos en el caso.

El ministro Jesús Gudiño Pelayo dijo que sí hay elementos para atraer la investigación y advirtió que lo grave sería no sólo que la Suprema Corte no se pronunciara al respecto, sino que se está ante evidencia probable de que un gobernador estatal tenga influencia para aplicar la justicia a su modo.