Ven riesgos en iniciativas para reformar al PJF

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Ante las iniciativas de reforma al Poder Judicial de la Federación propuestas por Morena en el Senado, algunos de sus integrantes comenzaron a prepararse para los posibles cambios que incluyen someterlos a controles como el polígrafo, rotación de adscripción cada seis años y reducción de salarios.

Por ello, el pasado 18 de octubre, el magistrado Ricardo Rivas Pérez, del Noveno Tribunal Colegiado en materia del Trabajo del Primer Circuito invitó a los integrantes de los tribunales colegiados en dicha materia a participar en una reunión de carácter informativo en el Instituto de la Judicatura Federal (IJF).

La reunión se realizó al día siguiente con Víctor Rodríguez Rescia, presidente del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), para abordar una posible “estrategia de defensa de la independencia judicial”.

Luego de dicha reunión, el IIRESODH emitió un pronunciamiento a través de Facebook en el que advirtió que las propuestas de Morena podrían terminar socavando los cimientos del PJF.

El organismo internacional reconoció que las iniciativas pueden justificarse en intereses de bien común, pero ponen en riesgo el contrapeso que ejerce el Poder Judicial.

“Parecen justificarse en nobles intereses de bien común, pero en realidad podrían terminar socavando los cimientos del Poder Judicial que es el único que no hace parte de la concentración de poder que se evidencia con la entrada del nuevo gobierno”, indicó.

“Se ha utilizado para ello un discurso claramente populista para minar la imagen del Poder Judicial pero, sobre todo, su independencia y autonomía por medio de amenazas de reducción de salarios a contrapelo de la misma Constitución; desestabilización de la carrera judicial y estabilidad laboral so pretexto de situaciones de nepotismo que si bien existen, no son generalizadas ni pueden resolverse con las medidas propuestas”.

Consideró que el polígrafo, propuesto como medio de control de confianza para jueces y magistrados, representa un Estado “controlador”, no un gobierno respetuoso del Estado de derecho.

“Ante esos embates, llama la atención la falta de pronunciamiento de organizaciones de la sociedad civil y otros actores y movimientos sociales que debieran hacer una lectura correcta del impacto negativo de esa consigna clara por debilitar al Poder Judicial”, señala el comunicado titulado La independencia judicial es responsabilidad de todos.

El organismo consideró que se debe abrir un diálogo social para que la discusión de las reformas judiciales se realice con transparencia y con miras al fortalecimiento del PJF.