Unión Europea pide frenar ola de violencia en el país

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Bruselas.— Las violaciones a las garantías individuales continúan siendo generalizadas en México y se desarrollan en un contexto de absoluta impunidad, sostiene el informe anual de la| Unión Europea (EU)sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2018.

“México continúa enfrentando desafíos considerables en el área de seguridad pública y derechos humanos”, sostiene el documento.

“En un contexto de altos niveles de violencia, México enfrenta muy graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos, como son desapariciones forzadas, tortura, amenazas, feminicidios y ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas”, continúa.

“La impunidad se estima en un 98%-99% [y] la mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos sigue sin resolverse”, detalla.

El documento sostiene que 2018 fue otro año de reveses para México en el ámbito de los derechos fundamentales.

Señala que en respuesta a la “alta incidencia de ataques violentos”, la Unión emitió 12 declaraciones locales en las que condena los asesinatos de 11 periodistas y cinco defensores.

Así, en lo que va del año México acumula siete condenas por asesinatos a activistas y periodistas.

Entre los casos que atrajeron la atención de la UE en 2018, se encuentran el del editor del diario Excélsior en Tamaulipas, Héctor González Antonio, quien fue hallado muerto a golpes el 28 de mayo en Ciudad Victoria.

También la UE reaccionó ante los asesinatos de Leobardo Vázquez Atzin, director del medio digital Enlace Informativo, el 21 de marzo en el municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz; y de los tres miembros del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), quienes fueron baleados el 12 de febrero en Oaxaca.

El documento toma nota del compromiso asumido por la administración de López Obrador de acabar con la corrupción y la impunidad, y hacer frente a la inequidad y violencia, al tiempo que da la bienvenida a la decisión de crear una Comisión de la Verdad para esclarecer el caso Ayotzinapa.

Respecto a la Guardia Nacional, señala que el plan ha suscitado reacciones encontradas. Recuerda que el fallo de la Suprema Corte de noviembre de 2018 fue muy preciso: “En tiempos de paz, el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública siempre debe ser extraordinario, excepcional y subsidiario”.

En el ámbito de la cooperación bilateral, el año pasado se implementaron 18 proyectos dirigidos a la defensa del migrante, la prevención de la tortura, la protección de activistas y periodistas, la lucha contra la impunidad y las desapariciones. Los programas recibieron, en conjunto, 4.6 millones de euros.