En los últimos seis años, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) ha recibido al menos 72 denuncias contra ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la mayoría se han desechado.
Derivado de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción de 2015, el alto tribunal puso en marcha la UGIRA, con el fin de prevenir y combatir la corrupción y las faltas administrativas entre su personal, para garantizar el ejercicio eficaz e independiente de sus funciones.
La unidad recibe y tramita las denuncias o quejas que se le presenten, por escrito, en medios electrónicos o por comparecencia, con excepción de las dirigidas contra los ministros, respecto de las cuales tiene facultad de admitir, desechar, tenerla por no presentada o prevenir al denunciante.
De acuerdo con datos obtenidos por EL UNIVERSAL, durante su primer año de operación, en 2018, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas recibió una denuncia contra los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales, por votar a favor de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, misma que se desechó.
En 2020, ya en la presidencia del ministro Arturo Zaldívar, en la Corte, se presentaron dos denuncias en su contra, por presuntos actos de corrupción que no fueron precisados por el denunciante, por lo que quedó sin materia.
Un año después, se registró una queja contra los 11 ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por “manifiesta inconformidad contra el tope salarial”.
En la gestión de Zaldívar el criterio que justificó desechar las denuncias fue porque se hicieron manifestaciones genéricas sin indicar hechos.
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Por el caso del presunto plagio de la tesis de licenciatura en Derecho de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, asunto que está en la congeladora, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas acumuló aproximadamente 46 denuncias, en 2023, remitidas al pleno de la SCJN para su análisis y resolución.
En dicho año, a Zaldívar Lelo de Larrea lo acusaron por manifestar públicamente su apoyo a la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum Pardo, misma que se canalizó al pleno del alto tribunal.
Desde que asumió como la primera mujer presidenta de la Corte, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, acumula un total de 18 denuncias y quejas por diversos hechos entre 2023 y 2024.
Según la información obtenida por este diario, el año pasado acumuló cinco denuncias ante la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas por supuestos “actos de corrupción, solicitar pago de seguro de defunción, pago del seguro de Neli Rosa Cantó Sánchez, violación de género, daños contra Neli Rosa Canto Sánchez”, estos dos últimos señalamientos se los hicieron en conjunto con el ministro Luis María Aguilar Morales. Tres de las cinco denuncias fueron desechadas.
En lo que va del año, suman 11 denuncias y quejas contra Piña Hernández por diferentes motivos, incluso, por usar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para favorecer a las élites, violar la Constitución al tener un salario más alto que el Presidente, liberar a corruptos, fallar a favor de delincuentes, tráfico de influencias para defender a corruptos y abuso de poder.
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Al respecto, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) desechó las denuncias relacionadas con el supuesto uso pornográfico del sistema judicial y la de tráfico de influencias, quedando pendiente de trámite la de presunto abuso de poder y del resto se desconoce su estado.
Durante este año, también se presentaron tres denuncias contra el ministro Javier Laynez Potisek, en las que es señalado de “favorecer y ser abogado” del empresario Ricardo Salinas Pliego en sus litigios contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de las cuales están pendiente de enviarse al pleno.
En tanto, la ministra Loretta Ortiz Ahlf fue señalada de difundir asuntos antes de que sean resueltos en el pleno.
Hay criterio del Comité de Transparencia de la Corte de varios requerimientos de denuncias de responsabilidad administrativa incluyendo las de ministros que clasificó la información de confidencial, por lo que esa información no obra en registro alguno salvo el de la unidad.