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Líderes sindicales advirtieron sobre el riesgo por una sobrerregulación en algunos procesos legales que se señalan en las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, como la del artículo 387, que señala la obligación del patrón de establecer contrato colectivo con un sindicalizado, puesto que se entorpecería la firma de un nuevo acuerdo de esa índole y afectaría el derecho de huelga.

Durante la segunda audiencia pública sobre la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, dijo que el artículo 387 obligaría al sindicato a presentar ante el nuevo centro nacional de conciliación y registro laboral una lista de trabajadores que autoricen el emplazamiento a huelga, que al menos debe ser de 30% de la organización.

“Encontramos que en el [artículo] 390 bis el procedimiento denominado recuento previo para acreditar el apoyo de los trabajadores en la celebración del contrato colectivo del trabajo, disponiendo que el sindicato que obtenga del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral una constancia de representatividad que lo legitime.

“Vemos que esta sobrerregulación afecta el derecho de huelga, lo retrasa. El 387 lastima a la autonomía sindical del país, entonces, esto debe ir de acuerdo con los convenios 87 y 98”, indicó.

Lo mismo criticaron otros dirigentes como Ángel Celorio Guevara, en representación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quien acudió en lugar de Carlos Aceves del Olmo, al destacar que el registro que se solicita en esa disposición se puede convertir en “una lista negra” de trabajadores que pueden ser despedidos.

“Exigir una constancia de representatividad conlleva regresar al sistema de listas negras que durante años causaron el indebido despido masivo. Una vez que la autoridad laboral otorga la llamada toma de nota a una organización sindical, no es válido que durante el periodo que tiene vigencia la misma se esté certificando”, observó.

El líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Rodolfo González, expuso que ese listado deberá ser guardado en secreto.

“Que se precise que la lista que se pide que presenten los trabajadores no se convierta en una lista negra y que al anexarse los estemos dejando en estado de indefensión y puedan ser despedidos”, dijo.

El senador de Morena Pedro Haces Barba, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), también solicitó que se terminen los contratos de protección patronal.

En tanto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), Agustín Rodríguez Fuentes, propuso que la democracia sindical que se pretende instituir a través del voto libre y secreto se aplique para cuando se requiera firmar un nuevo contrato colectivo y lo mismo sobre el emplazamiento a huelga.

Los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández, quien acudió en lugar de Arturo Olivares, y Óscar Alzaga, en representación de Napoleón Gómez Urrutia, pidieron terminar con el sistema outsourcing.

“Es un cáncer para el sindicalismo mexicano, porque establece los salarios más bajos. Y ha crecido como el cáncer en todo el país, en particular en las maquiladoras […] El voto libre y secreto no tiene ningún sentido si no se elimina el outsourcing”, señaló Alzaga.

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