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La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) inició una investigación de los hechos en la que se involucra al personal que se encontraba en las Bases de Operaciones de la Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León por la ola de desapariciones denunciadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) el pasado mes de mayo.

La Marina informó de siete acciones emprendidas tras la denuncia, entre ellas, la pesquisa iniciada por el Órgano Interno de Control de la Semar, que forma parte de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el pasado 30 de mayo y que incluye garantizar que el personal adscrito a las bases de Tamaulipas y Nuevo León no participe en las labores de búsqueda e investigación que realizan las autoridades.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó el pasado 30 de mayo que documentó la desaparición de 21 hombres y dos mujeres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de febrero al 16 de mayo de 2018. Según una organización local de los derechos humanos que proporcionó la información al organismo internacional, “habrían sucedido al menos 40 desapariciones durante este periodo”.

En respuesta a las visitas realizadas por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Semar “ordenó de manera puntual al personal naval dar cabal cumplimiento al respecto de abstenerse de violar los derechos humanos, así como cumplir irrestrictamente las medidas cautelares dictadas por la CNDH”.

Ante la petición de la comisión de que se “efectúe una investigación minuciosa e imparcial de los hechos referidos, salvaguardando el material probatorio existente”, la Marina ordenó que “se diera vista por los hechos de cada caso al Órgano Interno de Control de la Semar, quien será la autoridad en el interior que dará inicio a los procedimientos administrativos de investigación correspondientes.

“Asimismo, a la Fiscalía General de Justicia Militar y a la PGR se les hizo patente la plena disposición de esta institución para colaborar de manera amplia en las diligencias y requerimientos de información que se desprendan, para la pesquisa de los hechos que nos ocupan”, refirió.

Aunque las desapariciones ocurrieron en Tamaulipas, principalmente en Nuevo Laredo, el personal naval que vigila la zona está adscrito a la base de operaciones de ese estado y a la de Nuevo León, razón por la que forman parte de la investigación.

A pesar de que la CNDH lo solicitó así, según la Semar, los marinos de esas bases no fueron suspendidos.

La Semar indicó que los elementos fueron “concentrados” en la Ciudad de México desde el pasado 1 de junio para permanecer disponible ante las autoridades que, en su caso, los requieran mientras se realiza el deslinde de responsabilidades.

El propósito es que el personal “esté disponible ante aquellas autoridades que así lo requieran, con el fin de que éstas realicen las diligencias conducentes y resuelvan jurídicamente”.

La CNDH habría señalado que: “Se garantizó que los funcionarios que habrían participado en estos hechos serán suspendidos temporalmente de cualquier función que pudiese interferir con la investigación y la búsqueda de los desaparecidos o que arriesgara a familiares, testigos o defensores de las víctimas”.

A pesar de que la Semar no tiene facultades para ello, elementos capacitados en derechos humanos buscan a los desaparecidos, además de que autorizó el ingreso de personal de la CNDH y de la PGR a las bases.

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