SCJN podría negar amparo a empresas azucareras

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Luego de más de 10 años de litigio, el conflicto del gremio azucarero contra el gobierno federal está a punto de concluir con una sentencia que busca declarar que los empresarios afectados no tienen derechos ya sobre los bienes, maquinarias, producto y dinero que quedó de la industria.

Este miércoles, el ministro Alberto Pérez Dayán propondrá a sus compañeros en la Segunda Sala de la SCJN negar el amparo con el que los ingenios y empresarios de la industria azucarera buscaban revertir la expropiación de los bienes de este sector que desde 2011 fue declarado formalmente en quiebra.

La resolución se basa en que los interesados recibieron la indemnización correspondiente a la expropiación decretada en 2001, lo que desapareció su calidad de propietarios y, por tanto, su derecho a solicitar la reversión.

“La expectativa del derecho a la reversión dejó de surtir efecto en virtud de que en un aspecto, por voluntad propia, sometieron la indemnización a compensación de adeudos y, por otro lado, quedaron firmes las resoluciones mediante las cuales los billetes de depósito expedidos como pago indemnizatorio se integraron a la masa concursal que, a la postre, derivó en la quiebra de los ingenios y finalmente fueron enajenados a terceros”, indica el proyecto.

El gremio azucarero floreció hasta la década de los 80 y sufrió un declive derivado del endeudamiento de sus dueños, la crisis de 1994, las expectativas no cumplidas del Tratado de Libre Comercio, la importación de jarabe de maíz, conocido como alta fructosa, y otros factores.

Desde 1985 el gobierno mexicano inició un proceso de privatización de los ingenios azucareros y creó Financiera Nacional Azucarera (Finasa), como una sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo que serviría para subsidiar las necesidades de la industria.

El contexto generó un endeudamiento de los grupos azucareros que controlaban la mayoría de los ingenios del país y para el año 2000 esa deuda superó los 25 mil millones de pesos, 70% contratado con Finasa.

Ese año, de los 59 ingenios azucareros, 27 tenían una situación financiera insostenible que provocó la emisión del decreto expropiatorio.

A partir de 1995 los ingenios reestructuraron la deuda con Finasa y 51% de las acciones de la industria se convirtieron en propiedad de Grupo Financiero Bital, hoy HSBC.

El 49% restante quedó en prenda a favor de Finasa, por lo que el decreto de expropiación publicado el 2 de septiembre de 2001 sólo afectó esta última parte, aún financiada por la institución gubernamental.

Nueve ingenios iniciaron una batalla legal contra el decreto expropiatorio, para contrarrestar la acción del gobierno federal.