Rectores piden diálogo amplio sobre Ley de Seguridad Interior

Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la UdeG; y David Fernández de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México señalan que la ley debe privilegiar los argumentos y discutirse en un diálogo nacional
Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México(FOTO: Archivo. EL UNIVERSAL)
13/12/2017
22:33
Teresa Moreno
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Los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y la Universidad de Guadalajara (UdeG) rechazaron el dictamen de la Ley de Seguridad Interior e hicieron un llamado al Senado de la República para que no lo apruebe en los términos en que le fue enviado.

En un documento firmado por Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la UdeG; y David Fernández de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México señala que la ley debe privilegiar los argumentos y discutirse en un diálogo nacional que incluya a las víctimas de la violencia en el país.

“Llamamos a la cámara alta, en cambio, a convocar un diálogo nacional, amplio e incluyente que de voz a las víctimas de la violencia y privilegie los argumentos basados en la evidencia, el conocimiento científico y las lecciones aprendidas en el ámbito nacional e internacional”, señaló.

Ayer, las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda del Senado iniciaron la discusión de la minuta de la Ley de Seguridad Interior y aprobaron en lo general la nueva versión de la Ley, la cual contempla cambios al dictamen aprobado por la Cámara de Diputados.

En el documento titulado “UNAM, UdeG e IBERO insisten en rechazo a Ley de Seguridad Interior” señala que la discusión de la ley debe revisar la política de seguridad “en su conjunto”.

“Esta Ley debe discutirse en un contexto más amplio que permita revisar la política de seguridad del Estado mexicano en su conjunto, evaluando el desempeño tanto de las autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son las responsables de la seguridad pública, como de las Fuerzas Armadas”, agrega el documento.

El dictamen que aprobaron los senadores, “corre el riesgo de repetir un patrón fallido de seguridad, sin que los legisladores y nadie más puedan prever las consecuencias a favor o en contra de la seguridad en particular y de los derechos humanos en general”.

msl

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