La mexicana Graciela Pérez recibió el Tulipán por los Derechos Humanos, un premio anual otorgado por el gobierno holandés, en una ceremonia en la que denunció la “incapacidad del Estado” para resolver el problema de las desapariciones forzadas en México.

“Acepto el premio no de forma personal, sino en nombre de los miles de familiares de desaparecidos”, dijo Pérez, quien explicó que no busca “reconocimiento”, sino a su hija adolescente, su hermano y sus tres sobrinos desde hace más de cinco años.

Sus parientes volvían de Estados Unidos por carretera cuando desaparecieron sin dejar rastro.

Fue entonces cuando comenzó una búsqueda en la que se encontró con decenas de obstáculos burocráticos.

“Ir de una institución a otra me sirvió para darme cuenta de que no harían nada”, dijo, por lo que fundó en 2014, junto a otras víctimas, el proyecto Ciencia Forense Ciudadana.

Cuentan con un registro nacional de personas desaparecidas y una base de datos con muestras de ADN de familiares de víctimas.

“Buscar ha sido doloroso. Darme cuenta de que había hombres y mujeres que compartían el mismo dolor fue desesperanzador”, afirmó y denunció que las autoridades de su estado, Tamaulipas, le recomendaron que no investigara por su cuenta porque era peligroso.

En la entrega del premio, a la que asistió el embajador de México en Holanda, Édgar Elías, Pérez denunció que las autoridades “han fracasado con cada intento por retomar el control de Tamaulipas”.

“En cada fracaso, la sangre derramada que corre por las calles nos atormenta y nos recuerda la incapacidad del Estado”, añadió Pérez.

Al acto asistió además el ministro de Asuntos Exteriores de Holanda, Halbe Zijlstra, quien definió a Pérez como una “luchadora por los derechos humanos”.

Dijo que su trabajo es “una inspiración para mucha gente” y le deseó “fuerza y coraje para que pueda continuar con su importante labor”.

El gobierno de México aprobó en noviembre pasado la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares que busca acabar con ese problema.

Pérez explicó que la promulgación de esa ley se debió a la presión de los familiares, y aseguró que no pueden bajar la guardia porque “con los cambios de administraciones también cambian a las personas” y con ello “la voluntad y la actitud” para resolver el problema.

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