Once presuntas víctimas del caso Atenco llegan a Costa Rica

Dirimirán esta semana su caso contra el Estado mexicano en dos audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
"Somos la voz de muchas mujeres en contra de la tortura sexual", afirmó María Patricia Romero Hernández, vocera y una de las once mexicanas presuntamente víctimas en operativos de agentes estatales de seguridad en 2006. (FOTO: José Meléndez. EL UNIVERSAL)
15/11/2017
21:29
José Meléndez, corresponsal
San José
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Sonrientes, seguras de que habrá justicia y de que obtendrán una “victoria”, las once mexicanas presuntamente víctimas de violaciones sexuales, torturas y agresiones en operativos de agentes estatales de seguridad en 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México, llegaron al final de esta tarde en Costa Rica al portón del sitio donde jueves y viernes de esta semana dirimirán el caso en dos audiencias contra el Estado mexicano: la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La representación estatal de México acudirá como acusado de “alegadas violaciones” a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

“Una inmensa alegría, porque al fin llega la justicia. Llega tarde”, dijo la mexicana María Patricia Romero Hernández, vocera de las once, en declaraciones a inicios de la noche en las afueras de la Corte, instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, al ser instalada en 1979, funciona en el sector este de la capital costarricense.

“Esta vez venimos con todo porque somos la voz de muchas mujeres en contra de la tortura sexual”, afirmó.

“Esperamos justicia del Estado mexicano, pero que esta justicia tenga un nombre porque las mujeres tenemos sed, sed de justicia. Queremos que se nos resuelva para bien común. Nosotras somos la voz y el eco de todas las mujeres mexicanas. ¡Basta de tortura sexual! Nosotras las mujeres no somos ya nunca más botín de guerra. Nosotras nunca más vamos a ser, las mujeres violadas de Atenco”, advirtió.

Tras relatar que, luego de los sucesos de 2006, este miércoles fue la primera vez que todas las once logran reunirse en once años, explicó que pasa mucho tiempo “sin vernos”. “En grupo nunca (estuvimos) juntas las once en once años. Nos vemos dos o tres esporádicamente en dos o tres años”, relató.

El encuentro ahora es por una convocatoria trascendental en la Corte para las dos audiencias, las del jueves de las 09:00 a las 18:00 horas y la del viernes de las 08:30 a las 11:00.

Las presuntas víctimas son Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Ángela Patricia Torres Linares y Romero.

Los ataques ocurrieron 3 y 4 de mayo de 2006 en “detenciones y traslados” en actos policiacos en esos municipios en “conflictos y protestas de floricultores y otros grupos”, aseveró un recuento que la Corte emitió al informar sobre las dos vistas públicas.

Sin trabajo. Romero dijo que su vida cambió por lo ocurrido en mayo de 2006. Al relatar que “tenía yo un trabajo, una familia”, con 38 años—ahora tiene 49—y lamentar que “la familia toda está desintegrada”, contó que “mis hijos dejaron de estudiar, porque no había los recursos suficientes para que siguieran estudiando la preparatoria”.

“Simplemente se acabó la fuente de trabajo. Estuve encarcelada dos años y ocho meses y se acabó mi fuente de trabajo. Mis hijos quedaron a la deriva. Yo atendía una carnicería, en la tarde trabajaba en una taquería”, explicó.

Los hechos violentos con los floricultores, recordó, sucedieron frente a su puesto de trabajo. “Mi negocio estaba al frente a los floristas. Y todos los que estuvimos ahí en esos momentos quedamos involucrados, así fueran transeúntes, fueran comerciantes o no, amas de casa, estudiantes”, narró.

Romero rememoró que cayó presa “porque se me acusó de ser líder, a lo mejor porque tenía un poquito más de estudio. Tengo una carrera trunca de licenciatura en derecho”.

El proceso fue elevado en septiembre de 2016 a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte de la OEA y con sede en Washington. La Comisión admitió el caso en 2011 al advertir de la ineficacia de las indagaciones estales mexicanas.

El Estado mexicano reconoció en 2013 su responsabilidad y en 2016 pidió a la Comisión remitir el proceso a la Corte.

msl

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