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Mujeres, juzgadas por abortar

De 2015 a 2017 se abrieron mil 552 investigaciones por interrupción del embarazo. En 604 casos el cargo se fincó a una mujer. La capital, Baja California y Nuevo León, a la cabeza
Laura tenía 21 años cuando supo que tenía cinco semanas de embarazo. En su estado no está permitido abortar y tuvo que viajar a la Ciudad de México para realizarse el pro cedimiento. (JORGE ALVARADO. EL UNIVERSAL)
18/02/2018
03:40
Diana Higareda
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Laura, de 21 años, recién se había graduado de la universidad cuando supo que tenía cinco semanas de embarazo. El día que el ginecólogo le confirmó la noticia su decisión fue inmediata: no quería convertirse en madre. “Simplemente no era el momento”, recuerda cuatro años después de esa fecha.

Pero las leyes de su lugar de origen le negaban ese derecho. En el Estado de México abortar por voluntad es un delito. Sus temores se exacerbaron. ¿Qué le esperaba si lo hacía? La posibilidad de caer en la cárcel y el juicio social la hicieron buscar una salida en la Ciudad de México, que es la única entidad donde abortar por decisión es legal hasta las 12 semanas de gestación.

En gran parte de México, abortar es visto más como una falta que como una opción libre para las mujeres. Cada año, de 2015 a 2017, se iniciaron, en promedio, 500 investigaciones por el delito de aborto en el país. En dos de cada cinco, es decir 200 casos, se acusó a una mujer. Tan sólo en 2017, de las 482 averiguaciones que se registraron, en 168 el cargo fue contra una mexicana, de acuerdo con el Censo de Impartición de Justicia del Inegi.

Los datos muestran un patrón innegable: en 21 de las entidades del país, el número de mujeres acusadas siempre está por encima de los registros en contra de hombres, casos en los que la pareja presuntamente obliga al aborto y los englobados en la categoría “otros”, que incluye a personal médico. Las únicas entidades que rompen con esta tendencia son la capital y el Estado de México. En este último, en 2017 fueron imputados 27 hombres por este ilícito.

La realidad es que ninguno de los estados del país despenaliza las ocho causas que permiten un aborto y que se reconocen en los distintos códigos penales.

Incluso en la capital, si una mujer interrumpe su embarazo después de las 12 semanas y no existe otra causa como violación, riesgo en su salud o malformación genética, sí es un delito, explica Rebeca Ramos, coordinadora de Incidencia en Política Pública de GIRE.

“En la Ciudad de México se van a cumplir 11 años desde la despenalización y todavía somos la única entidad que no castiga el aborto voluntario. Los esfuerzos de otros estados se quedan en declaraciones, porque no hay una buena apertura en los congresos para modificar la legislación. Esta criminalización interviene en una esfera muy íntima de las mujeres, porque además les estás negando servicios de salud”, asegura Ramos.

El derecho a decidir

El mismo día que Laura confirmó su embarazo comenzó a buscar los datos de clínicas privadas en donde se pudiera realizar el procedimiento. Hacerlo en el Estado de México era imposible. Ir a una clínica de salud pública en la capital tampoco le generaba confianza. “Aunque era una opción gratuita, pedían muchos requisitos y la información en su página era confusa”, relata la joven.

Después de un par de horas de búsqueda en internet y de hacer diferentes llamadas, Laura tenía una cita para la siguiente semana en una clínica de la Ciudad de México. El día de la consulta, esta mujer de ahora 25 años salió de su hogar al mediodía. Una amiga fue su acompañante en el trayecto de hora y media. Su decisión nunca estuvo en duda.

Con tan sólo un título universitario, un par de entrevistas para conseguir su primer trabajo y viviendo aún con sus papás, siempre estuvo segura de lo que iba a hacer.

Una casa grande, pintada de color azul, ubicada en la colonia Roma, fue lo primero que observó al llegar. Por fuera parecía vacía. Incluso pensó que sólo estaría ella, pero cuando entró su mayor preocupación se desvaneció: no estaba sola. Más de 15 mujeres de distintos estados y partes de la Ciudad estaban ahí por la misma razón.

“Había gente de todos lados. De Guadalajara, Querétaro y Estado de México. Cuando piensas que tú eres la única, eso te causa una gran presión, pero al llegar a la clínica y ver a todas las mujeres que están ahí, te das cuenta que no estás sola y es algo de lo más normal. Nadie te señala ni te ve como si estuvieras haciendo algo malo”, cuenta.

Esta realidad es diferente para las mujeres que viven en otras partes del país. “En la capital el aborto se trata como un procedimiento médico desde los derechos de las mujeres, mientras que en otros lugares se maneja desde la culpa o el estigma”, asegura Oriana López, directora de Fondo María.

Sin embargo, la mayor apertura que existe en la Ciudad de México no se observa en sus instituciones. Si una mujer llega a un hospital del ámbito federal o del IMSS de la capital, interrumpir su embarazo no es una opción libre de criminalización. “Hay una desigualdad en la ciudad y lo que hacen es ponerles trabas para atenderlas por aborto voluntario, porque este no se contempla en el Código Federal. Entonces, en ocasiones, durante los procesos de atención el mismo personal de las clínicas denuncia a las mujeres”, explica el doctor Alfonso Carrera, director de Marie Stopes, clínica privada de salud y derechos reproductivos.

La prueba de esta constante criminalización está en los datos del Secretariado Ejecutivo. De 2015 a 2017 se iniciaron 330 carpetas por el delito de aborto en la Ciudad de México, posicionándolo en el primer lugar de la estadística. Esta cifra es incluso mayor a la registrada en Guanajuato o Querétaro, lugares en donde ellas no pueden abortar, aunque sus vidas estén en riesgo por el embarazo.

“En materia de legislación estamos bien, pero aún no se ha logrado armonizar lo que dice el Código Penal con las normas administrativas del sector salud. Ellos ocupan la versión de 2012, en la que todavía hay limitantes para acceder a la interrupción legal del embarazo”, asegura la especialista de GIRE.

En la capital, Baja California, Nuevo León y Estado de México se concentran la mitad de las averiguaciones iniciadas entre 2015 y 2017. Las mujeres mexiquenses y nuevoleoneses no pueden abortar por una inseminación artificial no consentida. Mientras que las residentes de Baja California y las capitalinas tampoco pueden acceder a esta garantía si alegan que es por cuestiones económicas.

Preguntas, juicios y señalamientos, Laura sabía que en una clínica del sector salud se iba a topar con todo esto y no quería ser cuestionada por su decisión. “Preferí pagar y tener una mejor atención y no que me llenaran de requisitos”, cuenta. Ese día gastó alrededor de 6 mil pesos. Cantidad mucho menor de lo que pagan las mujeres que tienen que viajar hasta la capital para ejercer su derecho.

Entre 2015 y 2017, 56 mil mujeres interrumpieron su embarazo en alguna clínica pública de la Ciudad de México. Tres de cada 10 eran de otro estado, de acuerdo con las estadísticas oficiales. “El que exista una mayor demanda de mujeres que vienen de otros estados nos habla claramente de que hace falta que el tema se atienda en otras entidades. No es posible que las mujeres tengan que viajar por un procedimiento que debería estar garantizado en sus lugares de origen”, asegura Oriana, de Fondo María.

Laura tuvo que salir de su entidad porque ahí no era libre de decidir si quería ser madre o no. Al llegar a la clínica, primero platicó con una consejera. Después entró a un pequeño consultorio. Ahí le dieron un pequeño analgésico para adormilarla un poco. Diez minutos después, todo había pasado.

“Solo sentí un cólico muy fuerte. Después de eso me pasaron a una sala de recuperación donde me dieron un té y estuve en reposo 40 minutos”. Una hora después, Laura iba de regreso a su casa.

Las opciones en clínicas públicas

En el centro de salud México-España, ubicado en la delegación Miguel Hidalgo, se encuentra uno de los consultorios de salud reproductiva del gobierno capitalino. Un policía en la puerta principal es el primer filtro que toda mujer tiene que pasar. Unas escaleras y un pasillo largo, poco iluminado, es el camino por el que se llega. El área está separada de los demás consultorios. Una puerta de cristal, siempre cerrada, no permite ver lo que sucede en el interior.

Al abrirse la puerta, una mujer con voz seca pregunta: “¿Qué necesitas?”. El trato es frío y cortante. Cuando preguntan por el procedimiento para la interrupción del embarazo, los ojos de la recepcionista se enfocan en el vientre de la mujer y añade: “¿Cuántas semanas tienes?, más allá de la atención, lo que tienen estos centros de la capital es que el personal aún maneja el tema con mucho estigma”, dice la directora de Fondo María.

En la clínica todo es silencio. Son las 10 de la mañana y algunas mujeres llevan más de dos horas ahí. Tres jóvenes de alrededor de 25 años y un par de menores de edad, junto con sus madres, están dispersas en el pequeño cuarto. Una enfermera sale y llama al primer grupo. Algunas se miran entre ellas. Otras se levantan esperando que nadie las observe.

“Se cree que las mujeres que interrumpen su embarazo no usan métodos anticonceptivos, pero hemos llevado casos donde a 50% les negaron el método anticonceptivo en el servicio de salud o este falló”, asegura Oriana López.

Por salud, marginación o planes de vida, los especialistas insisten en la importancia de que el aborto sea legal en todos los estados. “Una tercera parte de los embarazos en México no son planeados o deseados. Si una mujer no quiere un hijo, pero la obligan a tenerlo, ¿qué pasará después?, ¿lo cuidará?, ¿puede ser capaz de atenderlo?”, cuestiona el doctor Carrera.

Pasaron cuatro años desde que Laura interrumpió su embarazo. No habla mucho del tema, no por vergüenza, pero reconoce que es muy complicado platicar de esto con cualquiera sin sentir que la juzgan por su decisión.

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