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Exigen prohibir vientres alquilados

Necesario, proteger a mujeres, dicen feministas; pobreza incide a practicar subrogación, afirman
María del Rocío Fernández, Atenea Acevedo y Laura Lecuona, integrantes de la organización Feministas Mexicanas Contra Vientres de Alquiler en conferencia sobre maternidad subrogada (CAMILA MATA. EL UNIVERSAL)
04/04/2018
02:37
Teresa Moreno
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La organización Feministas Mexicanas Contra Vientres de Alquiler (FEMMVA) demandó que antes de concluirse el actual periodo legislativo la Cámara de Diputados apruebe una iniciativa para prohibir de manera explícita la subrogación o alquiler de vientres en el país.

Señaló que en la actualidad esta práctica sólo está prohibida en Querétaro y San Luis Potosí, mientras que en Tabasco y Sinaloa las legislaciones locales son permisivas para empresas que llegan a cobrar hasta 240 mil euros por llevar a cabo un procedimiento de esta naturaleza, utilizando los vientres de mujeres mexicanas en situaciones de pobreza.

“Nos preocupa la ausencia de un verdadero debate en torno a este tema en México. La llamada gestación subrogada no toma en cuenta la salud y el bienestar de las mujeres, es por ello que hacemos un llamado a los legisladores a prohibir la maternidad de esta índole en nuestro país, para proteger a las mujeres de las múltiples complicaciones y riesgos a los que se ven expuestas”, dijo Laura Lecuona, integrante de FEMMVA.

Indicó que en las leyes mexicanas el cuerpo humano y sus partes no son objeto de comercio, mientras que en esta industria que opera en el país se rentan los cuerpos de mujeres, tanto sus úteros como todas sus funciones, para producir bebés que serán objeto de un intercambio comercial.

FEMMVA denunció que las mujeres que se someten a esta práctica lo hacen por necesidad económica; sin embargo, señaló que, aunque se utilizan algunas de ellas en el proceso, la maternidad subrogada no debe confundirse con técnicas de reproducción asistida.

Advirtió que las empresas que se dedican a ser intermediarias entre mujeres en edad fértil y parejas con deseos de tener un hijo se guían por sus intereses económicos y a diferencia de la adopción, no tienen ninguna obligación por verificar que las personas que adquieren a un bebé le darán seguridad.

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