La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) exhortó a los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso , y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán , a que realicen las gestiones necesarias para que se firme el Acuerdo de Escazú , que protege a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe , mejor conocido como Acuerdo de Escazú , se originó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y se fundamenta en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, “que tiene como base el derecho a acceder en forma oportuna y efectiva a la información ambiental , a participar en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente y a la justicia para asegurar, en su caso, la reparación integral de daños ”.

La CNDH recordó que en el artículo 9 del acuerdo se establecen diversas obligaciones para reconocer, proteger y promover todas las prerrogativas de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, quienes, según lo señalado por la representante especial del secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, constituyen el segundo grupo más vulnerable y más proclive a perder la vida debido a sus actividades.

Por esa razón, el organismo hizo el llamado a que los secretarios colaboren a la firma del acuerdo, “con el fin de que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

Destacó que el pasado 4 de marzo se adoptó, en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el acuerdo, que estará abierto a la firma de los países participantes, incluyendo a México, a partir del próximo 27 de septiembre en la sede de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Resaltó también que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU explicita en el Objetivo 16 el compromiso de los Estados en lo concerniente a garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales; la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas, y la igualdad de acceso a la justicia.

Enfatizó que en la agenda también se insta “a crear instituciones eficaces, responsables y transparentes, así como adoptar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible”.

mpb

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