Denuncia CNDH condiciones en penales de baja capacidad

En 48 de los 109 que existen en el país, los internos viven en hacinamiento y entre una sobrepoblación crítica, señala
Privación de la libertad. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dice que se deben mejorar las cárceles del país, puesto que el castigo al ilícito es sólo la reclusión y no las condiciones en las que se da.
05/03/2018
04:15
Manuel Espino Bucio
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Al menos 48 de los 109 penales del país de baja capacidad presentan problemas de hacinamiento y nivel de sobrepoblación crítica, lo que supera su capacidad operativa, alertó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En su informe especial sobre los centros de reclusión de baja capacidad, dirigido a los gobernadores de los estados y al comisionado Nacional de Seguridad, el organismo advierte que las cárceles de este tipo con sobrepoblación se ubican en Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco y Veracruz.

Precisa que de los 204 mil 617 internos, 13 mil 177 están albergados en 109 centros con capacidad menor a 250 espacios, dependientes de las autoridades estatales, y en su mayoría no cuentan con infraestructura mínima para un buen régimen penitenciario.

La comisión recordó que esos problemas conllevan una mala clasificación, deficiencia en las actividades educativas, deportivas, laborales, de capacitación, atención a la salud y a las condiciones dignas de internamiento.

Ante esta situación, la CNDH pidió al gobierno federal y a las autoridades de los estados diseñar una política de armonización de los inmuebles, con las exigencias que se derivan de poner en marcha un buen régimen penitenciario para corregir las deficiencias.

Recalcó que para el organismo nacional, la sanción impuesta al infractor es la reclusión misma y no las circunstancias en las que ésta se desarrolla, por ello estos centros deben tener una debida planeación, diseño y construcción, a fin de cumplir con la norma y los estándares establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

Ratificó que la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad debe ser la reinserción social de los sentenciados, por lo que las políticas públicas encaminadas a la conducción del sistema penitenciario nacional deben considerar el desarrollo de la infraestructura que permita cumplir la Ley Nacional de Ejecución Penal y los instrumentos internacionales en la materia.

Por ello, solicitó a las autoridades desarrollar “acciones efectivas para mejorar la infraestructura y aumentar la capacidad de estos centros; desarrollar obras de infraestructura penitenciaria de baja capacidad y establecer programas de dignificación enfocados a proporcionar mantenimiento y mejora permanente a la estructura y el equipamiento para garantizar la clasificación de la población, su seguridad, salud, deporte, educación, trabajo y capacitación para el mismo”.

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